El Gobierno insiste en hablar de reactivación económica mientras impulsa una reforma tributaria que castiga la inversión, encarece la producción y debilita la confianza. La llamada Ley de Financiamiento revela una política sin dirección clara, donde se prometen alivios, pero se crean más cargas. Se habla de competitividad, pero se asfixia al que produce. No hay una estrategia fiscal coherente, solo atajos para tapar el déficit mientras el país se hunde en la incertidumbre económica.
El Gobierno presenta esta nueva iniciativa como un esfuerzo para estimular la economía y garantizar recursos para programas sociales, pero en la práctica se trata de una reforma con afán confiscatorio. En lugar de promover la productividad, la inversión y la generación de empleo, esta ley sigue metiéndole la mano a los bolsillos de los contribuyentes que ya están identificados y que juiciosamente aportan. No amplía la base de contribuyentes y elimina incentivos claves para los hogares y las empresas.
Una de las medidas más regresivas es la eliminación de la deducción por dependientes (72 UVT), un beneficio que, como ponente de la reforma tributaria, logré en 2022 para proteger el ingreso de las familias. Quitarla ahora es un golpe directo a la clase media, una decisión que castiga a quienes trabajan y sostienen un hogar.
A esto se suma la intención de imponer un impuesto del 1% al petróleo y al carbón sobre sus ventas, y no sobre sus utilidades. Es un gravamen confiscatorio que destruye inversión, empleo y autonomía energética. En los últimos tres años, la inversión extranjera en esos sectores cayó 42% y 18%, respectivamente. Insistir en esa medida es ahogar el corazón productivo del país.
Como si fuera poco, la reforma plantea sobretasas del 15% a la banca y a la minería, llevando la tarifa efectiva de renta al 50%. Con semejante carga, se espanta la inversión y se pone en riesgo el empleo. No se reactiva la economía castigando a quienes producen; por el contrario, esta ley se ha convertido en un obstáculo para el crecimiento.
El impacto negativo también alcanza el ahorro y la inversión nacional. La eliminación del descuento del 19% sobre dividendos desincentiva el ahorro y empuja el capital hacia otros países. Ninguna economía seria castiga así a su propio sector productivo. Con esta medida, Colombia pasaría a tener una carga tributaria superior al 50%, perdiendo competitividad frente a sus vecinos y alejando a los inversionistas.
Otra contradicción es el aumento del impuesto al carbono sin destinación ambiental específica. Se presenta como una medida verde, pero en realidad es un tributo inflacionario disfrazado de ambientalismo. Subir los combustibles, el gas y la energía sin que esos recursos se destinen a la sostenibilidad es más recaudo y cero compromiso ambiental.
La misma posición errada se repite con la idea de golpear la economía digital. Gravar con un 5% los servicios digitales y eliminar el IVA excluido al software y a la nube es penalizar la innovación y condenar el futuro del país. Colombia sería el único país de la región con un retroceso de este tipo, en momentos en que la transformación tecnológica debería ser motor de crecimiento.
En síntesis, esta Ley de Financiamiento, en lugar de incentivar la productividad y el empleo, apuesta por la vía fácil del recaudo. No hay justicia tributaria ni coherencia económica cuando se castiga al que produce, al que invierte y al que trabaja. Reactivar el país no pasa por aumentar impuestos, sino por recuperar la confianza, la eficiencia del gasto y la estabilidad fiscal. Sin eso, cualquier reforma será solo otro parche más sobre una economía cada vez más frágil.
