Aunque los índices históricos de violencia contra líderes sociales en Colombia han disminuido sustancialmente, se alerta sobre un posible aumento en la época electoral que se avecina, incluidos los homicidios.
El próximo 27 de octubre los colombianos irán a las urnas para elegir alcaldes, gobernadores, diputados, concejales y ediles de todo el país. Y si el gobierno del presidente Iván Duque no toma cartas en el asunto, la situación puede tornarse mucho más crítica para este sector de la sociedad, que tiene un papel decisivo en los resultados.
Este es uno de los principales aspectos que inquietan a expertos e investigadores, que reiteran un llamado al Gobierno colombiano para aumentar los mecanismos de protección en la época previa a los comicios, pues los momentos más álgidos de victimización de los líderes y defensores de derechos humanos coinciden con periodos preelectorales.
Así lo señala Alejandro Restrepo, coordinador de la línea de investigación de Conflicto, Paz y Posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), quien manifiesta que “aunque hay una tendencia general hacia la baja en los índices de violencia, hay unos municipios en los que la tendencia ha aumentado”.
El analista afirma que pese a que anteriormente “no se visibilizaba el problema de victimización a líderes y lideresas sociales", porque no había un consenso a propósito de qué significaba, los seguimientos hechos desde 2012 y 2013 permitieron constatar “que sí hay un aumento de esa victimización”.
“Es difícil contrastar cifras de manera muy rígida, pero con el seguimiento realizado desde 2012 vemos que hay un incremento en dicha victimización, cuyos momentos más álgidos coinciden con periodos preelectorales. Esa violencia política que busca, en esos picos, eliminar la posibilidad de que esas personas hagan política o pertenezcan a una propuesta alternativa de transformación de su territorio", afirmó.
Un informe reciente de Pares indica que en el marco de los procesos electorales se experimenta este pico, como ha sucedido en los comicios del Plebiscito (2 de octubre de 2016), en las elecciones legislativas (11 de marzo de 2018) y en las elecciones presidenciales (27 de mayo y 17 de junio de 2018).
Con información de Anadolu..."Los datos son sencillamente escalofriantes. Cada día ocurre 0.7 agresiones, o lo que es lo mismo, casi que una agresión por día. Y cada 4 días ocurre un homicidio de un líder social desde hace 2 años", dice el documento.Restrepo confirmó que este tipo de violencia disminuye cuando finaliza la tensión electoral. Además, detalló un asunto que es una penosa realidad, y es que aunque el acuerdo de paz ayudó a visibilizar la victimización de dichos liderazgos, incluso desde tiempo atrás, "no hay un consenso" en cuanto a cifras o a la realidad que vivían estas personas. Entre tanto, detalla que a diferencia de la época paramilitar, cuando había un plan unificado (sistemático) para exterminar a personas de izquierda o con liderazgos políticos alternativos, ahora hay variaciones regionales significativas. En ello concuerda Camilo Echandía, profesor emérito de la Universidad Externado de Colombia y uno de los mayores conocedores de conflicto armado y violencia en el país, quien señala que aunque se puede afirmar que "ha habido un repunte en asesinatos en el país, no estamos en un pico histórico comparado con aquellos años cuando se asesinó a dirigentes sindicales o líderes de la Unión Patriótica (UP)". Durante su primer año de existencia (entre 1985 y 1986), 300 de sus miembros fueron exterminados. No obstante, Echandía lanza una advertencia, la misma que Alejandro Restrepo, al asegurar que dicha situación "se ha venido agravando por cuenta de la incapacidad del Estado de llenar el vacío a raíz de la desmovilización de las Farc, por una competencia muy fuerte por el control de escenarios particulares donde había economías criminales como cultivos de coca, minería ilegal y contrabando". "No es un hecho nuevo ni un pico histórico, es una situación que se viene presentando en los últimos cuarenta años, pero hay que hacerle frente: evitar esa competencia armada que pasa por encima de las organizaciones sociales", subrayó.
