Imputan al exabogado de Musa Besaile por el "cartel de la toga"

Publicado por: gabriela.garcia el Mié, 26/02/2020 - 10:25
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El procesado no aceptó los cargos.
Musa Besaile

La Fiscalía le imputó a Luis Ignacio Lyons España, exabogado del exsenador Musa Besaile, el delito de cohecho por dar u ofrecer en medio de la investigación que se adelanta por el escándalo del “cartel de la toga”. 

La audiencia de imputación en contra de Lyons España, familiar del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, se realizó en horas de la mañana de este martes 25 de febrero en los juzgados de Paloquemao en Bogotá.

El delegado de la Fiscalía argumentó que, al parecer, Lyons España recibió 2 mil millones de pesos por parte de Besaile para que se los entregara al entonces abogado Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción condenado por corrupto, con el fin de que intercediera en un proceso penal que se seguía contra el excongresista en la Corte Suprema de Justicia.

Se presume que a Lyons España le pagaron 150 millones de pesos por realizar esa gestión. El procesado no aceptó los cargos que le imputaron, pues aseguró que es inocente.

El “cartel de la toga” es uno de los casos de corrupción que más ha perjudicado a la justicia colombiana durante los últimos diez años. En él terminaron salpicados magistrados, congresistas, líderes políticos e importantes funcionarios públicos.

Todo se destapó a mediados del 2017, cuando el gobierno de los Estados Unidos le envió a la Corte Suprema de Justicia una serie de audios en los que se evidenciaba cómo funcionaba una red criminal dentro del alto tribunal.

La revelación enredó al fiscal anticorrupción del momento, Luis Gustavo Moreno, quien ya fue condenado a 48 meses de prisión.

Poco a poco se empezaron a conocer los nombres de los magistrados que habrían actuado de manera ilícita, entre ellos, Francisco Ricaurte, Gustavo Malo, Leonidas Bustos y Camilo Tarquino.

Algunos están en prisión mientras se adelanta el proceso.

De acuerdo a las autoridades, los togados exigían pagos millonarios de dinero a cambio de modificar decisiones judiciales en favor de investigados en la Corte Suprema de Justicia.