Por petición de la Fiscalía General de la Nación, tres abogados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario por protagonizar un presunto acto de corrupción que le dejó millonarias pérdidas a la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol).
El ente investigador aseguró que la judicialización de estas tres personas se logró luego de cinco audiencias de control de garantías, que fueron frustradas por presuntas excusas y diversos recursos presentados por la defensa de los involucrados.
Las tres personas procesadas por estos hechos son: José Trinidad Minota, Asael Argüello Cortés y Jorge Luis Horta Orozco, investigados por su presunta vinculación al entramado ilegal "en el que fueron presentadas y falladas irregularmente tutelas que afectaron el presupuesto de Ecopetrol en $137.475’480.065".
Minota, Argüello y Horta fueron imputados por los delitos de e prevaricato en calidad de determinadores, peculado como intervinientes y concierto para delinquir.Al imponerles la medida de aseguramiento, el juez de control de garantías le hizo un llamado atención a los procesados y a sus defensores por "las maniobras dilatorias utilizadas para evitar que se cumplieran las audiencias", como recusaciones infundadas, acciones de tutela contra los funcionarios judiciales encargados del proceso, entre otras. [single-related post_id="1078605"] La Fiscalía señaló que en este proceso de corrupción denominado 'Pozo de la Dicha' también habrían participado los magistrados Félix María Galvis Ramírez y Fernando Castañeda Cantillo, quienes hacían parte de la Sala Laboral del Tribunal de Cúcuta. Según el ente investigador, desde ese órgano se concedieron pagos por conceptos laborales a través de tutelas falladas de forma contraria a la ley, que luego fueron revocadas por la Corte Constitucional en el año 2012. En las investigaciones realizadas por la Fiscalía, se puedo constatar que fueron concedidas 18 tutelas a favor de 580 accionantes, luego de supuestas concertaciones con jueces y abogados litigantes. Es por eso que Corte Suprema de Justicia condenó a Galvis Ramírez a 22 años, 8 meses y 2 días de cárcel; mientras que, Castañeda Cantillo recibió una pena de 21 años, 9 meses y 21 días de prisión, por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación y prevaricato.
