La Contraloría General de la República descubrió una serie de irregularidades al interior de los diferentes proyectos a cargo del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), las cuales ascienden a más de $20.000 millones de pesos
“Se determinó que FONADE no logró los objetivos de la gerencia de proyectos, dado que si bien se han invertido cuantiosos recursos por parte del Estado para satisfacer necesidades básicas de la población beneficiaria, la gestión de los proyectos que le son encomendados en desarrollo de su misión como gerente y gestor de los mismos, no alcanza el cumplimiento de los fines estatales”, aseguró la Contraloría.
El comunicado continúa: “Resulta evidente que FONADE no ha participado de una verdadera política orientada a mejorar la eficiencia de la inversión de recursos por parte de los entes territoriales, a lo que estaría llamado como Agente de Proyectos de Desarrollo del Estado".
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Son en total 13 hallazgos por parte del ente de control en los que se encuentran irregularidades fiscales. También se encontraron 18 actuaciones disciplinarias, las cuales estarán ahora en manos de la Procuraduría General de la Nación, que ahora se encargará de darles trámite.
Unos casos causan más preocupación que otros. Uno de ellos es el presentado en el municipio de Buenaventura. Allí se desarrollaba desde el 2014 la construcción de la Institución Educativa San Antonio. En más de dos años no ha sido terminada, presenta grandes atrasos luego de que fuera abandonada, lo que ha provocado un gran deterioro en su estructura y sufre de constantes inundaciones. Los problemas fiscales de esta obra ascienden a los $12.000 millones de pesos.
Caso similar es el de la Escuela Superior de Administración Publica en Neiva. El abandono es evidente, y los recursos presentan irregularidades por $3.000 millones. Las obras iniciaron en mayo de 2015, para luego ser suspendida en diciembre del mismo año.
Son muchas más las obras que están inconclusas, abandonadas o con retrasos. La Contraloría asegura que también hay problemas en los estados financieros, en los que no se han registrado los anticipos dados a las empresas contratistas.
