Una red delincuencial que falsificaba documentos de tránsito para reportar accidentes que nunca existieron y recibir beneficios económicos por la chatarrización de los vehículos de carga fue descubierta y desmantelada por las autoridades. En ella estaban involucrados funcionarios de secretarías de Tránsito de varios municipios del país.
La Fiscalía reportó que en dos años de investigaciones fueron descubiertos 98 procesos fraudulentos de chatarrización de tractocamiones, en los que estaría involucrada una red delincuencial señalada de permear distintos organismos de tránsito y obtener el pago de 6.800 millones de pesos.
De acuerdo a las pruebas recolectadas por el ente investigador, esta red delincuencial tenía su sede principal en Bucaramanga, Santander, y mediante diversos contactos en las secretarías municipales de Tránsito habría obtenido cupos para vehículos de transporte de carga que no existían.
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Según manifestó la Fiscalía estas personas por reportar al Ministerio de Transporte accidentes que nunca ocurrieron recibían en promedio 70 millones de pesos por vehículo.Entre los capturados se encuentran ocho funcionarios de las secretarías de tránsito de Barbosa (Santander), Sahagún (Córdoba), Aguachica y La Paz (Cesar); y los inspectores de policía de Sabanalarga (Atlántico) y Aracataca (Magdalena). La Fiscalía señaló que los capturados convencían a personas de escasos recursos para que firmaran poderes legales como supuestos dueños de estos vehículos de carga. [single-related post_id="779696"] Estas capturas fueron posible gracias a un trabajo articulado entre la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía Nacional, quienes recolectaron testimonios, contrastaron información y realizaron un análisis grafológico para poder identificar a los presuntos integrantes de la organización vinculada al millonario engaño, este operativo se realizó en 11 municipios de país. Las personas capturadas fueron trasladas a la ciudad Bogotá y presentados en audiencia pública ante juez de control de garantías. Tendrán que responder por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal y falsedad en documento público. Asimismo se conoció que la Fiscalía General de la Nación solicitará medida de aseguramiento en centro carcelario ante la gravedad de la conducta detectada.
