La situación de seguridad de Cali es preocupante y no es para menos. En solo seis días ocurrió una masacre, 34 asesinatos por sicariato, sin contar con el enfrentamiento entre ‘Rastrojos’ y ‘Urabeños’, que tiene en riesgo a más de 250.000 habitantes.
Sin embargo, el problema no es solo de ‘La sucursal del cielo’, otras ciudades como Medellín, Bogotá y Barranquilla presentan problemas de seguridad.
Aunque luego del asesinato de ocho personas en una lujosa finca de Cali, al parecer por ajuste de cuentas entre bandas criminales, el director general de la policía, Rodolfo Palomino, sostuvo que se incrementará el pie de fuerza de la policía para proteger a los caleños, reveló El País.
Cali
Esta última masacre dejó en entredicho el informe presentado por el comandante de la policía de Cali, Hoover Penilla, quien días antes de la masacre orgulloso mostró una reducción del 29% en homicidios, en otras palabras, la ciudad pasó de 1.531 a 1.099 casos respecto al mismo periodo de 2013.
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Según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, la capital del Valle es afectada por ‘vendettas’ entre bandas del narcotráfico, reclutamiento de menores de edad, desplazamiento forzado y microtráfico.
¿Y las demás ciudades?
Colombia tiene actualmente una tasa de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas a nivel mundial.
De los 17.198 homicidios que se registraron en Colombia en el último año, una gran mayoría ocurrió en los centros urbanos: Cali (1.099), Bogotá (1.351) y Medellín (654) concentran el 20% de la totalidad de las muertes violentas.
La capital del Valle del Cauca es la que mayor riesgo presenta, pues su tasa es de 67 homicidios por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con el informe Global Barden of Armed Violence’ (Gbav) las armas de fuego son el mayor generador de esta violencia, de hecho, el 80% de los homicidios ocurridos en el país el año pasado se registraron por esa causa. Mientras que en el mundo sólo un 60% de las muertes se realizan con esos elementos.
Bogotá
En la capital del país están identificados 75 barrios como los más peligrosos; El Caracoli, Riveras de Occidente, Patio Bonito, El Amparo y Corabastos, en la localidad de Kennedy. Además Bosa central, Bosa occidental, Diana Turbay (Rafael Uribe), El porvenir (Bosa), Suba Rincón e Ismael Perdomo (Ciudad Bolívar). La Secretaría de Gobierno distrital y la Policía Metropolitana diseñaron planes que pretenden incentivar las labores de inteligencia, mayor judicialización, combatir la deserción escolar y hacer presencia en establecimientos de expendio y consumo de licor, donde se producen la mayor cantidad de hechos violentos.
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Pese a que la administración del alcalde Gustavo Petro destacó que la tasa de homicidios se ubicó en 16,4 casos por cada 100 mil habitantes, la más baja en 30 años, los barrios mencionados concentran el 51% de los homicidios en Bogotá.
Según Medicina Legal, Cali, con el 85%, ocupa el primer lugar en los registros de los homicidios con armas de fuego, siguen Bogotá y Medellín con el 63% y el 77%, respectivamente.
Pese a que la capital de Antioquia presenta menos asesinatos, no es ajena al accionar de las bandas criminales –El clan Úsaga y la oficina de Envigado-, que tienen presencia en la Comuna 13 y han incrementado los hurtos y extorsiones a comerciantes en la ciudad.
El representante a la Cámara del Centro Democrático, Federico Hoyos Salazar dice que la administración del alcalde Aníbal Gaviria trata de aminorar las denuncias de la ciudadanía en este sentido. “Las famosas vacunas se han convertido en el pan de cada día de empresarios, tenderos, comerciantes informales y transeúntes que deben movilizarse por la ciudad. La cuota semanal o mensual a uno de los combos se ha vuelto parte de la canasta familiar de cientos de ciudadanos que padecen el accionar de los grupos armados que rondan por los barrios de Medellín”, escribió Hoyos en su columna ‘Ciudades y vacunas’ en KienyKe.com.
En las zonas altas, donde los habitantes viven en condiciones de marginalidad, se presentan flagelos como reclutamiento, desplazamiento forzado y extorsión. Además del tráfico de armas y drogas por ser un corredor estratégico. Esta misma problemática se presenta en Cali, según un informe de la Defensoría, debido a la “exposición de los niños, niñas y adolescentes a las pretensiones de los grupos armados ilegales”.
Según la entidad, lo anterior se evidencia en la cantidad de menores de edad que han sido judicializados tras verse comprometidos en la realización de crímenes como homicidio, extorsión, lesiones personales, hurto calificado y agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, lesiones personales, entre otros.
Medellín
En la capital del Valle del Cauca, por ejemplo, en el informe de la Defensoría se mencionan casos como el desplazamiento de 37 personas, integrantes de siete familias del sector 5 del barrio Potrero Grande, “ante amenazas de hombres que se identifican como ‘Urabeños’.
Esta banda estaría ofreciendo a los adultos la suma de un millón de pesos para hacer parte del grupo armado, en caso de oponerse y no acceder al ofrecimiento deben pagar una multa o desalojar sus lugares de residencia”.
Según la Defensoría la mayor causa de desplazamiento intraurbano es la guerra que libran ‘Rastrojos’ y ‘Urabeños’. La huida de personas está “relacionado con extorsiones; presiones de los grupos armados; temor a quedar en medio de los enfrentamientos; amenazas colectivas de desalojo; fronteras invisibles y amenazas de atentados si no se someten a las exigencias del grupo armado ilegal”.
¿Funcionará el plan de choque?
El presidente Juan Manuel Santos lanzó este 15 de octubre un plan de choque que busca disminuir los índices de criminalidad. La estrategia tendrá una vigencia de tres meses y se focalizará en 11 ciudades que concentran el 82 % de las acciones delictivas en el país.
En Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, Ibagué, Villavicencio, Neiva y Pasto se combatirán específicamente seis delitos de mayor impacto en la ciudadanía: homicidio, hurto, microtráfico, extorsión, contrabando y minería ilegal.
La intervención policial se enfocará en 498 “puntos calientes”, entendidos como sitios que concentran el mayor número de conductas delictivas. Estas zonas se determinaron gracias al cruce de variables de análisis como la criminalidad, denuncia ciudadana, llamadas a las líneas de emergencias y el impacto que genera el actuar de los delincuentes. Los principales “puntos calientes” están en Bogotá (190), Cali (129), Medellín (27), Barranquilla (88) y Bucaramanga (64).
Santos, en el lanzamiento de la estrategia en un consejo de seguridad, afirmó que “este plan deberá garantizar la seguridad en vías y destinos turísticos, además de proteger al comercio, a las zonas residenciales y a los ciudadanos en general”.
Las promesas
La policía promete desarticular 40 bandas dedicadas al robo de personas, vehículos y residencias, así como el desmantelamiento de 22 centros de receptación donde se comercializan artículos robados.
En cuanto al robo de celulares, que se ha convertido en uno de los delitos de mayor frecuencia, las autoridades prometen desmantelar 14 organizaciones criminales y la ocupación de 24 centros de venta ilegal de teléfonos y otros elementos electrónicos reportados como robados.
Algunas acciones estarán enfocadas en la prevención. Es decir, la policía implementará los llamados entornos seguros cerca a colegios, universidades y parques, donde las bandas dedicadas al microtráfico concentran su trabajo. Hay identificados 130 expendios cerca a centros educativos y 23 bandas que monopolizan la venta de drogas en sectores comerciales y concurridos de las 11 ciudades.
Las unidades Gaula a su vez combatirán la microextorsión en 30 sitios priorizados y contra 25 organizaciones criminales. Seis centros penitenciarios están en la mira de las autoridades como los lugres donde se origina el mayor número de extorsiones. Para esto se hará un trabajo articulado con el Inpec y el Ministerio de Tecnologías de la Información.
En zonas de frontera se realizarán 13 operaciones de impacto contra la estructuras de contrabando y se mantendrá la ofensiva frente a las Bandas Criminales y sus cabecillas (Clan Úsuga, Rastrojos y las dos facciones de las Disidencias ERPAC), que controlan las áreas de minería ilegal y ven en este delito una forma de financiar el narcotráfico.
Durante los tres meses que durará el plan de choque para consolidar la seguridad ciudadana, se harán 12 consejos participativos en los que se verificarán los avances y se harán ajustes, según las denuncias o nuevos requerimientos que surjan en las diferentes ciudades.
Cali
Esta última masacre dejó en entredicho el informe presentado por el comandante de la policía de Cali, Hoover Penilla, quien días antes de la masacre orgulloso mostró una reducción del 29% en homicidios, en otras palabras, la ciudad pasó de 1.531 a 1.099 casos respecto al mismo periodo de 2013.
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Según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo, la capital del Valle es afectada por ‘vendettas’ entre bandas del narcotráfico, reclutamiento de menores de edad, desplazamiento forzado y microtráfico.
¿Y las demás ciudades?
Colombia tiene actualmente una tasa de 30 homicidios por cada 100.000 habitantes, una de las más altas a nivel mundial.
De los 17.198 homicidios que se registraron en Colombia en el último año, una gran mayoría ocurrió en los centros urbanos: Cali (1.099), Bogotá (1.351) y Medellín (654) concentran el 20% de la totalidad de las muertes violentas.
La capital del Valle del Cauca es la que mayor riesgo presenta, pues su tasa es de 67 homicidios por cada 100.000 habitantes. De acuerdo con el informe Global Barden of Armed Violence’ (Gbav) las armas de fuego son el mayor generador de esta violencia, de hecho, el 80% de los homicidios ocurridos en el país el año pasado se registraron por esa causa. Mientras que en el mundo sólo un 60% de las muertes se realizan con esos elementos.
Bogotá
En la capital del país están identificados 75 barrios como los más peligrosos; El Caracoli, Riveras de Occidente, Patio Bonito, El Amparo y Corabastos, en la localidad de Kennedy. Además Bosa central, Bosa occidental, Diana Turbay (Rafael Uribe), El porvenir (Bosa), Suba Rincón e Ismael Perdomo (Ciudad Bolívar). La Secretaría de Gobierno distrital y la Policía Metropolitana diseñaron planes que pretenden incentivar las labores de inteligencia, mayor judicialización, combatir la deserción escolar y hacer presencia en establecimientos de expendio y consumo de licor, donde se producen la mayor cantidad de hechos violentos.
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Pese a que la administración del alcalde Gustavo Petro destacó que la tasa de homicidios se ubicó en 16,4 casos por cada 100 mil habitantes, la más baja en 30 años, los barrios mencionados concentran el 51% de los homicidios en Bogotá.
Según Medicina Legal, Cali, con el 85%, ocupa el primer lugar en los registros de los homicidios con armas de fuego, siguen Bogotá y Medellín con el 63% y el 77%, respectivamente.
Pese a que la capital de Antioquia presenta menos asesinatos, no es ajena al accionar de las bandas criminales –El clan Úsaga y la oficina de Envigado-, que tienen presencia en la Comuna 13 y han incrementado los hurtos y extorsiones a comerciantes en la ciudad.
El representante a la Cámara del Centro Democrático, Federico Hoyos Salazar dice que la administración del alcalde Aníbal Gaviria trata de aminorar las denuncias de la ciudadanía en este sentido. “Las famosas vacunas se han convertido en el pan de cada día de empresarios, tenderos, comerciantes informales y transeúntes que deben movilizarse por la ciudad. La cuota semanal o mensual a uno de los combos se ha vuelto parte de la canasta familiar de cientos de ciudadanos que padecen el accionar de los grupos armados que rondan por los barrios de Medellín”, escribió Hoyos en su columna ‘Ciudades y vacunas’ en KienyKe.com.
En las zonas altas, donde los habitantes viven en condiciones de marginalidad, se presentan flagelos como reclutamiento, desplazamiento forzado y extorsión. Además del tráfico de armas y drogas por ser un corredor estratégico. Esta misma problemática se presenta en Cali, según un informe de la Defensoría, debido a la “exposición de los niños, niñas y adolescentes a las pretensiones de los grupos armados ilegales”.
Según la entidad, lo anterior se evidencia en la cantidad de menores de edad que han sido judicializados tras verse comprometidos en la realización de crímenes como homicidio, extorsión, lesiones personales, hurto calificado y agravado, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, lesiones personales, entre otros.
Medellín
En la capital del Valle del Cauca, por ejemplo, en el informe de la Defensoría se mencionan casos como el desplazamiento de 37 personas, integrantes de siete familias del sector 5 del barrio Potrero Grande, “ante amenazas de hombres que se identifican como ‘Urabeños’.
Esta banda estaría ofreciendo a los adultos la suma de un millón de pesos para hacer parte del grupo armado, en caso de oponerse y no acceder al ofrecimiento deben pagar una multa o desalojar sus lugares de residencia”.
Según la Defensoría la mayor causa de desplazamiento intraurbano es la guerra que libran ‘Rastrojos’ y ‘Urabeños’. La huida de personas está “relacionado con extorsiones; presiones de los grupos armados; temor a quedar en medio de los enfrentamientos; amenazas colectivas de desalojo; fronteras invisibles y amenazas de atentados si no se someten a las exigencias del grupo armado ilegal”.
¿Funcionará el plan de choque?
El presidente Juan Manuel Santos lanzó este 15 de octubre un plan de choque que busca disminuir los índices de criminalidad. La estrategia tendrá una vigencia de tres meses y se focalizará en 11 ciudades que concentran el 82 % de las acciones delictivas en el país.
En Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, Ibagué, Villavicencio, Neiva y Pasto se combatirán específicamente seis delitos de mayor impacto en la ciudadanía: homicidio, hurto, microtráfico, extorsión, contrabando y minería ilegal.
La intervención policial se enfocará en 498 “puntos calientes”, entendidos como sitios que concentran el mayor número de conductas delictivas. Estas zonas se determinaron gracias al cruce de variables de análisis como la criminalidad, denuncia ciudadana, llamadas a las líneas de emergencias y el impacto que genera el actuar de los delincuentes. Los principales “puntos calientes” están en Bogotá (190), Cali (129), Medellín (27), Barranquilla (88) y Bucaramanga (64).
Santos, en el lanzamiento de la estrategia en un consejo de seguridad, afirmó que “este plan deberá garantizar la seguridad en vías y destinos turísticos, además de proteger al comercio, a las zonas residenciales y a los ciudadanos en general”.
Las promesas
La policía promete desarticular 40 bandas dedicadas al robo de personas, vehículos y residencias, así como el desmantelamiento de 22 centros de receptación donde se comercializan artículos robados.
En cuanto al robo de celulares, que se ha convertido en uno de los delitos de mayor frecuencia, las autoridades prometen desmantelar 14 organizaciones criminales y la ocupación de 24 centros de venta ilegal de teléfonos y otros elementos electrónicos reportados como robados.
Algunas acciones estarán enfocadas en la prevención. Es decir, la policía implementará los llamados entornos seguros cerca a colegios, universidades y parques, donde las bandas dedicadas al microtráfico concentran su trabajo. Hay identificados 130 expendios cerca a centros educativos y 23 bandas que monopolizan la venta de drogas en sectores comerciales y concurridos de las 11 ciudades.
Las unidades Gaula a su vez combatirán la microextorsión en 30 sitios priorizados y contra 25 organizaciones criminales. Seis centros penitenciarios están en la mira de las autoridades como los lugres donde se origina el mayor número de extorsiones. Para esto se hará un trabajo articulado con el Inpec y el Ministerio de Tecnologías de la Información.
En zonas de frontera se realizarán 13 operaciones de impacto contra la estructuras de contrabando y se mantendrá la ofensiva frente a las Bandas Criminales y sus cabecillas (Clan Úsuga, Rastrojos y las dos facciones de las Disidencias ERPAC), que controlan las áreas de minería ilegal y ven en este delito una forma de financiar el narcotráfico.
Durante los tres meses que durará el plan de choque para consolidar la seguridad ciudadana, se harán 12 consejos participativos en los que se verificarán los avances y se harán ajustes, según las denuncias o nuevos requerimientos que surjan en las diferentes ciudades.
