La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba limitar la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes indocumentados o con visas temporales. El fallo mantiene vigente la protección de la Decimocuarta Enmienda y bloquea una de las principales medidas migratorias del mandatario.
El Supremo cerró la puerta a la orden de Trump
La Corte Suprema de Estados Unidos determinó este martes que los niños nacidos en territorio estadounidense de padres presentes de forma irregular o temporal están “sujetos a la jurisdicción” del país y, por tanto, son ciudadanos desde el nacimiento bajo la Cláusula de Ciudadanía de la Decimocuarta Enmienda.
La decisión deja sin efecto la orden ejecutiva firmada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, el 20 de enero de 2025, el mismo día en que inició su segundo mandato. La medida buscaba impedir que agencias federales reconocieran como ciudadanos a ciertos niños nacidos en EE. UU. cuando sus padres no fueran ciudadanos ni residentes permanentes.
El fallo fue escrito por el presidente de la Corte, John Roberts, y respaldado en su razonamiento central por las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett y Ketanji Brown Jackson. El juez Brett Kavanaugh coincidió con el resultado, aunque discrepó parcialmente de la argumentación. Los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch presentaron disensos.
¿Qué pretendía cambiar la orden?
La orden de Trump, titulada Protecting the Meaning and Value of American Citizenship, sostenía que la ciudadanía estadounidense no debía extenderse automáticamente a personas nacidas en el país si la madre estaba en situación irregular o tenía una presencia legal temporal, y si el padre no era ciudadano ni residente permanente.
Esa interpretación fue rechazada por la mayoría de la Corte. El tribunal sostuvo que la Constitución no condiciona la ciudadanía del niño al estatus migratorio de sus padres y recordó el precedente de United States v. Wong Kim Ark, de 1898, que consolidó la ciudadanía por nacimiento para casi todas las personas nacidas en suelo estadounidense.
La medida había sido demandada por padres y organizaciones de derechos civiles. Un tribunal de distrito ya había certificado una clase nacional de niños que habrían sido afectados por la orden y había bloqueado preliminarmente su aplicación antes de que el caso llegara al Supremo.
El impacto potencial era amplio. Proyecciones del Migration Policy Institute y del Population Research Institute de Penn State estimaban que, de aplicarse una restricción de este tipo, cerca de 255.000 niños por año podrían nacer en Estados Unidos sin ciudadanía durante las próximas décadas.
¿Qué sigue tras el fallo?
Con la decisión, las agencias federales deberán seguir reconociendo la ciudadanía por nacimiento bajo la interpretación vigente de la Constitución y la ley migratoria. La Casa Blanca aún puede buscar otras vías políticas o legislativas, pero el Supremo dejó claro que una orden ejecutiva no basta para modificar este derecho constitucional.
El fallo también cierra, por ahora, el capítulo judicial más importante sobre la orden de Trump, aunque el debate migratorio continuará en el Congreso, en los estados y dentro de la campaña política estadounidense.
