Un estudio realizado por el Sector Regional de Protección de la Plataforma de Coordinación Interagencial (R4V) y la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), destacó que en algunos países latinoamericanos, y durante la pandemia del coronavirus, cerca del 40% de los refugiados y migrantes de Venezuela han sido desalojados de sus lugares de vivienda.
“Los desalojos afectan los derechos humanos, económicos y sociales de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas y en el contexto actual principalmente el acceso a la vivienda digna de las personas venezolanas”, dijo Julissa Mantilla, relatora sobre derechos de las personas migrantes de la CIDH.
“En este sentido, la CIDH observa que la recopilación de datos es importante porque permite identificar las afectaciones diferenciadas, los factores de discriminación y los múltiples aspectos interseccionales, incluyendo el enfoque de género para orientar de forma precisa las políticas y medidas de protección necesarias en los países de la región", añadió Mantilla.
El estudio remarcó que muchos refugiados y migrantes en América Latina y el Caribe perdieron sus trabajos en el marco de la pandemia y, en ese contexto, viven en medio de la pobreza, sin poder cubrir sus necesidades básicas, incluyendo el pago de alquiler.
“De acuerdo a las encuestas que fueron realizadas en siete países de América Latina y del Caribe -Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Panamá, República Dominicana y Guyana- la mitad de los hogares entrevistados viven en una sola habitación”, detalló el informe.
Además, subrayó el documento, el 11% de todos los desalojos resultaron en indigencia.
El R4V y la CIDH puntualizaron que quienes fueron desalojados y viven en las calles se enfrentan a la estigmatización y podrían ser explotados sexual y laboralmente.
“La necesidad de garantizar políticas públicas para el acceso a la vivienda como paso siguiente a los esfuerzos en regularización es clave si queremos evitar que sigan aconteciendo situaciones tan dramáticas como las que hemos observado en este último año”, dijo Eduardo Stein, representante especial conjunto de ACNUR y OIM para los refugiados y migrantes venezolanos.
De acuerdo con los resultados de los sondeos, seis de cada 10 hogares de migrantes venezolanos que enfrentaron desalojos no tenían contrato formal.
Diferentes tácticas y medias de desalojos fueron reportadas por organizaciones humanitarias, incluyendo amenazas y uso de violencia, así como la violencia sexual, el acoso y la interrupción de servicios como agua, electricidad y gas, agregó el informe.
Por: Anadolu
