Este jueves 2 de marzo, la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) emitió un comunicado advirtiendo que la oposición ecuatoriana tendría serias intenciones de destituir al presidente Guillermo Lasso y denunciaron que se estaría ejerciendo censura en su contra.
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Mediante el comunicado, la entidad denunció que "partidos opositores, organizaciones sociales y de la Asamblea Nacional del Ecuador, de destituir al presidente Guillermo Lasso elegido por el pueblo para que gobierne por un período de cuatro años, de acuerdo con un expreso mandato de la Constitución".
Ante esto, la IDEA pidió al Gobierno ecuatoriano y a la población velar por el respeto del tiempo que el presiente deba permanecer en el poder y más aún "si su pretendido enjuiciamiento no llega a sustentarse en hechos incontrastables y en sólidas bases jurídicas y constitucionales".
Por otra parte, Una comisión legislativa de Ecuador, que investiga supuestos actos de corrupción que involucran a un círculo cercano al presidente Lasso, recomendó este miércoles el enjuiciamiento político de censura al mandatario.
La Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y la Lucha contra la Corrupción, en el caso denominado "El Gran Padrino", con seis votos a favor de la moción y uno en contra, recomendó que el pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) interpele al mandatario por los actos de corrupción investigados.
Estos actos giran en torno a una presunta trama de corrupción en empresas públicas donde aparecen los empresarios Danilo Carrera, cuñado del presidente, y Rubén Cherres, un hombre cercano al oficialismo que también fue objeto de una investigación policial archivada por su presunta relación con una red de narcotráfico.
La resolución se ampara en los numerales 1 y 2 del artículo 129 de la Constitución de la República, sobre la posibilidad de un juicio político al Presidente por delitos "contra la seguridad del Estado" o por "concusión, cohecho, peculado (malversación) o enriquecimiento ilícito".
Ese artículo también establece que, "para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo".
La asambleísta Viviana Veloz, que preside la comisión parlamentaria, indicó en un mensaje de Twitter que la recomendación del enjuiciamiento a Lasso se dio, además, en un momento en que el mandatario aparentemente ha perdido la confianza del pueblo.
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"Cuando termina la confianza en un mandatario no hay más remedio que cambiarlo. Ningún pueblo merece vivir en la desesperanza. Deshacerse de la corrupción de un mal presidente no solo es una obligación política, es un imperativo ético y moral. ¡Ecuador así lo espera!", añadió Veloz.
La asambleísta de la bancada Unión por la Esperanza (Unes), afín al expresidente Rafael Correa, agregó que los informes sobre la investigación elaborados por su comisión serán remitidos al presidente del Parlamento, Virgilio Saquicela, para que continúe con el trámite y ponga en conocimiento del pleno de la Asamblea.
El Gobierno criticó el informe
Por su parte, el ministro de Gobierno (Política), Henry Cucalón, ha criticado el informe de la Comisión que investiga el caso y ha dicho que incluso analistas de oposición lo han rechazado.
"Muchas voces a lo largo y ancho del país han repudiado este informe, inclusive las personas que son críticas del Gobierno que lidera el presidente Guillermo Lasso", señaló Cucalón en declaraciones a medios y reproducidas en redes sociales.
"Yo lo califico de un mamotreto, un documento que no tiene ni pies ni cabeza. Para mí sin valor jurídico alguno, no vinculante", añadió el ministro.
No obstante, admitió que "al final de cuentas el pleno de la Asamblea Nacional en los próximos días podrá acogerlo o no y aún así, si es que ese mamotreto llegara a ser conocido y aprobado, debe ser motivado y argumentado en la presentación de un juicio político".
El pronunciamiento de la comisión legislativa se dio en un momento en que el Gobierno luce debilitado tras haber encajado una derrota electoral en los comicios locales del pasado 5 de febrero, cuando también fue derrotado por la oposición en un referéndum que el oficialismo impulsó por temas como seguridad, democracia y medio ambiente, entre otros.
Una baja aprobación a la gestión presidencial en algunas encuestas también ha contribuido al deterioro de la imagen del Gobierno, que ha recibido amenazas de protestas de sectores sociales como el movimiento indígena, que se queja por la carestía de la vida y que se siente burlado por la supuesta falta de cumplimiento de unos acuerdos alcanzados con el Ejecutivo.
Con información de Agencia EFE*
