El Gobierno de Estados Unidos presentó su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026, un documento que redefine su política global contra el narcotráfico y que incrementa las exigencias hacia países considerados clave en la cadena de producción y distribución de estupefacientes, entre ellos Colombia.
El plan, elaborado por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP), plantea una ofensiva internacional que busca frenar el flujo de sustancias ilícitas desde su origen. En ese contexto, Colombia es señalada como un actor prioritario en la producción de cocaína y, por tanto, como un socio estratégico al que se le demandarán mayores resultados.
De acuerdo con el documento, la administración del presidente Donald Trump utilizará mecanismos bilaterales, regionales y multilaterales para exigir a Colombia, así como a países como México, China, India y Canadá, la adopción de estándares más estrictos en el control de las cadenas de suministro asociadas al narcotráfico. La estrategia también contempla “acciones de aplicación agresivas” contra individuos y organizaciones vinculadas al tráfico de drogas ilícitas y sus precursores químicos.
Uno de los puntos centrales es el llamado directo a Colombia para reducir el cultivo de coca y desarticular las redes criminales que se benefician de la producción de cocaína. El documento insiste en que la lucha contra las drogas debe comenzar fuera de las fronteras estadounidenses, mediante el fortalecimiento de alianzas con gobiernos extranjeros y fuerzas de seguridad.
“La defensa multicapa comienza mucho más allá de nuestras fronteras”, señala el texto, que subraya la importancia de atacar las fuentes de drogas de origen vegetal, como la coca, antes de que sean procesadas y distribuidas.
Además, la estrategia establece metas concretas de cooperación en materia de control de químicos precursores. En particular, se espera que Colombia, junto con China, India y México, reporte al menos 12 incidentes anuales en el Sistema de Comunicación de Incidentes de Precursores (PICS), una plataforma internacional que registra incautaciones, envíos detenidos y laboratorios ilegales detectados.
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Esta meta implica un reporte mensual por país en 2026 y aumentaría progresivamente hasta alcanzar 52 reportes anuales en 2029. La exigencia responde a la preocupación de Washington por la caída en los reportes recientes: los cuatro países pasaron de registrar 46 incidentes en 2022 a apenas 11 en 2024, lo que representa una disminución del 76 %.
El documento también advierte que se impondrán sanciones a países, empresas o individuos que no cumplan con los estándares establecidos. Estas medidas podrían incluir restricciones financieras y procesos judiciales contra quienes participen en actividades relacionadas con el tráfico ilícito de drogas.
En términos generales, la estrategia se articula en torno a varios ejes, entre ellos el control de todos los puntos de entrada a Estados Unidos, el desmantelamiento de organizaciones criminales transnacionales, la supervisión de cadenas de suministro y la reducción del consumo interno.
Finalmente, la administración estadounidense señaló que fortalecerá la cooperación internacional e involucrará al sector privado para elevar los estándares de control en industrias clave, en un intento por frenar tanto la producción como la distribución global de narcóticos.
