El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el pasado miércoles el proyecto de ley SB 1718, norma que incluye medidas que dificultan el establecimiento de inmigrantes en situación irregular, como no reconocer licencias de conducción de otros estados, durante un acto en el que criticó el control fronterizo por parte del gobierno federal.
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En una conferencia de prensa celebrada en la ciudad de Jacksonville, en el norte del estado, y bajo el lema "Protegiendo a Florida de la crisis fronteriza de Biden", DeSantis dijo que la ley que firmó hoy es en respuesta a lo que describió como "problema masivo en la frontera con México".
El proyecto de ley de 43 páginas incluye disposiciones para invalidar las licencias de conducir y las tarjetas de identificación emitidas por otros estados a "inmigrantes no autorizados", entre muchas otras disposiciones que tratan de dificultar el asentamiento de personas sin autorización legal en ese territorio.
DeSantis arremetió contra la que definió como "dejadez" por parte de la Administración del presidente de EEUU, Joe Biden, en materia migratoria, una "responsabilidad fallida desde el primer día de su gobierno", dijo.
El gobernador, que en cualquier momento podría anunciar que participará en las primarias republicanas de las que saldrá el candidato presidencial en las elecciones de 2024, resaltó que Florida, desde el primer momento, ha tratado de "combatir los efectos de la política" de Biden.
Para contrarrestar esas políticas firmó el proyecto de ley SB 1718, una norma que establece además la obligación de que los hospitales recopilen información sobre el estatus migratorio de los pacientes y la presenten a las autoridades del estado.
El gobernador señaló que ya es ilegal que los empleadores contraten a personas indocumentadas y que los nuevos requisitos contenidos en el proyecto de ley, particularmente el sistema E-Verify, ayudarán a fortalecer la aplicación de estas leyes.
E-Verify es un sistema basado en internet que permite a las empresas inscritas confirmar si sus potenciales empleados pueden trabajar legalmente en Estados Unidos.
La norma establece también que transportar personas a Florida sin permiso migratorio es un delito punible con hasta 15 años de prisión, además de prohibir financiar programas de ciudades y condados para proporcionar tarjetas de identificación a inmigrantes sin estatus migratorio regulado.
Elimina las exenciones de las matrícula educativas para estudiantes indocumentados, deroga la ley que permite ejercer la abogacía a los abogados que aún están regulando su estatus migratorio (entre los que se incluye a los beneficiados con el programa federal DACA) y dota con 12 millones de dólares el traslado de inmigrantes a otros estados del país.
Las consecuencias que tiene la nueva norma
Esta medida ha causado gran controversia y ha sido fuertemente criticada por usuarios en redes sociales y otras figuras políticas, ya que podría tener un fuerte impacto negativo en el Estado.
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Esta ley exige que se tomen muestras de ADN a los ciudadanos para establecer si su documentación está en regla o si estarían en el país de manera ilegal. De ser en el segundo caso, pueden ser deportados inmediatamente.
De esta manera, los medios locales y usuarios en redes sociales han reportado que la presencia de migrantes en la frontera ha incrementado exponencialmente desde el día de ayer y que se podría tratar un problema de crisis humanitaria.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Interior, más de 600 mil extranjeros residen en el Estado de Florida en condición ilegal, por lo que su salida masiva podría traer graves consecuencias tanto a nivel económico como social.
Kirk Bailey, director político de la Unión Americana de Libertades Civiles en Florida, afirmó recientemente que cuando en Arizona se aprobó una ley similar la economía local tuvo pérdidas de hasta 253 millones de dólares.
Con información de Agencia EFE*
