El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, informó que un 6 % de los empleados públicos no se han vacunado contra el covid-19, por lo que a partir de este lunes quedaron suspendidos de empleo y sueldo, entre ellos policías y bomberos, que se han pronunciado activamente contra la medida.
El viernes concluyó el plazo dado por la ciudad a todos los funcionarios para que se inmunizaran al menos la primera dosis de la vacuna contra el covid-19, si es que querían mantener su puesto.
De acuerdo con De Blasio, un 91 % de los empleados públicos ha cumplido con el requisito de la vacuna, con 3.564 que lo han hecho desde el viernes.
"Tenemos aproximadamente 9.000 empleados en excedencia y sin salario, de un total de casi 400.000", indicó en su conferencia de prensa diaria el alcalde. A este número habría que sumar los otros 12.000 funcionarios que han solicitado una exención religiosa o médica y están a la espera de una respuesta.
El demócrata, que está cerca de finalizar su segundo y último término de cuatro años, se mostró satisfecho al indicar que desde que ordenó la vacunación para los empleados de la ciudad, el pasado 20 de octubre, hay 22.472 nuevos vacunados entre el personal.
Y la cifra, según De Blasio, "continúa creciendo" en una ciudad que fue el mayor foco de la enfermedad durante la primavera de 2020 y que encabezó durante mucho tiempo la lista de fallecimientos, con más de 55.000 en la actualidad.
"Queremos que todos hagan lo correcto: vacunarse. Cualquiera que no lo haya hecho hasta ahora, todavía existe la posibilidad de solucionarlo. Vacúnese, regrese al trabajo, porque necesitamos que todos hagan su trabajo y necesitamos que todos estén seguros", afirmó.
Sumado a ello, el mandatario aseguró que un 84 % de los empleados en la Policía están vacunados frente al 70 % que había cuando emitió la orden, mientras que entre los bomberos la cifra es del 77 por ciento, un alza con respecto al 58 % que había el pasado 20 de octubre.
Por su parte, el principal sindicato de policías ha acudido sin suerte a los tribunales en un intento por frenar el mandato, que primero afectó a los maestros y empleados sanitarios en agosto y luego se extendió a otras agencias gubernamentales.