El Consejo de Estado dejó en firme la sanción contra ARGOS por conformar un cartel con HOLCIM y CEMEX para fijar los precios del cemento Pórtland tipo 1. Además, la Superintendencia de Industria y Comercio halló que estas empresas habrían fraguado para repartirse el mercado del cemento en el país.
El delito hallado y confirmado por el Consejo de Estado es que ARGOS, junto con HOLCIM y CEMEX integraron un cartel empresarial en la modalidad paralelismo consciente para fijar artificialmente los precios del cemento entre junio y diciembre de 2005.
Las sanciones impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio en el 2008, ascendieron a $923 millones de pesos para el caso de ARGOS y $ 138'000.000 de pesos para el caso del representante legal de esta compañía, José Alberto Vélez Cadavid.
La Superintendencia de Industria y Comercio encontró en la investigación que, primero, los precios presentaron un comportamiento paralelo entre junio y diciembre de 2005 y reacciones simultáneas en proporciones similares al final de dicho periodo. Segundo que existe suficiente evidencia del intercambio de información y las reuniones que llevaban a cabo tanto los representantes legales como los responsables del área comercial, lo cual propició la colusión o cartelización entre ARGOS, CEMEX y HOLCIM.
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Asimismo, la SIC ncontró probado que existió un acuerdo cartelista entre las empresas para repartirse el mercado de cemento gris Pórtland tipo 1 a nivel nacional de junio a diciembre de 2005. Esta conclusión tuvo como fundamento: (i) el comportamiento estable de las participaciones de mercado de estas empresas; (ii) el intercambio de información detallada y desagregada de los despachos nacionales de cemento gris; (iii) el abastecimiento efectuado a CEMEX por parte de sus competidores en un escenario de “guerra de precios”; (iv) el reconocimiento de inexistencia de competencia entre ARGOS, CEMEX y HOLCIM y; (v) la existencia de un comportamiento concurrente entre los investigados, facilitado por el intercambio de información, las reuniones de los representantes legales y responsables del área comercial y los demás elementos facilitadores que habrían propiciado una colusión o cartelización entre las grandes empresas de cemento.
Son tres las sentencias del Consejo de Estado proferidas en los últimos meses, las cuales ratifican la legalidad de las sanciones impuestas que la SIC adoptó en 2008 para sancionar el cartel empresarial, por afectar de manera grave la eficiencia económica, el buen funcionamiento del mercado y el bienestar general de los consumidores.
ARGOS y las otras empresas habían interpuesto recursos para evitar las sanciones impuestas por la SIC, pero tras esta sentencia del Consejo de Estado se deja en firme la decisión, contra la cual no proceden recursos. Con esta Sentencia del Consejo de Estado en el caso de ARGOS, quedan ya resultas todas las demandas de nulidad que fueron interpuestas por las empresas cementaras cartelizadas.
