La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas presentó este martes, en Riohacha, el informe anual de 2018, con un balance de la situación de los líderes sociales en el Colombia y de la región Caribe.
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Según los datos del documento, que fue presentado en Ginebra en marzo pasado y divulgado este martes por el representante adjunto de la Oficina, Guillermo Fernández-Maldonado, en 2018 fueron asesinados 115 defensores de derechos humanos, siete de ellos en el Caribe.
“Este año, hasta el 7 de junio de 2019, nuestra oficina recibió 76 denuncias de homicidios de defensores de derechos humanos; hemos ya documentado 26 de esos casos y 3 de ellos en la región Caribe. De los 115 casos de defensores y defensoras asesinados en 2018 … el 27 % (…) afectó a personas defensoras de los derechos humanos pertenecientes a pueblos indígenas (18 casos) y afrocolombianas (12 casos)”, precisó el informe.
De acuerdo con Maldonado, dichos homicidios ocurrieron en 24 departamentos del país, pero se concentraron principalmente en los departamentos de Antioquia, Cauca y Norte de Santander.
Además, el documento señala que el 93 % de los casos a los cuales se le hizo seguimiento ocurrieron en regiones con una “débil o nula presencia” del Estado y que son el resultado de “sustanciales retrasos en la implementación del Acuerdo de Paz, particularmente en lo relacionado con la reforma rural integral y la sustitución de los cultivos ilícitos”.
“El 66% de los asesinatos estaría relacionado con la denuncia u oposición al accionar criminal, a los efectos de la violencia a niveles endémicos que afecta a la población en general o al apoyo a la implementación del Acuerdo de Paz, y más concretamente a la sustitución de los cultivos ilícitos. Se registraron homicidios relacionados con este último motivo en el Cauca y Putumayo”, recalca el informe.
La oficina de la alta comisionada indica que entre los responsables de los homicidios, están miembros de estructuras paramilitares desmovilizadas (40 %), integrantes del ELN (8 %), del Ejército Popular de Liberación (EPL) (4 %), miembros de la fuerza pública (5 %), disidentes de las FARC que no se acogieron al proceso de paz (8 %) y personas por determinar (17 %).
Otro aspecto relevante mencionado en el informe son los niveles de impunidad en Colombia por este tipo de crímenes, que están entre el 86,58 % y el 94,30 %, por lo que el organismo de Naciones Unidas hizo un llamado al Estado colombiano a fortalecer la investigación penal para poder sancionar a los autores de “estos crímenes y a los que los planifican”.
También instó a las autoridades a “fortalecer las garantías para el ejercicio de la labor de los defensores” y a avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc, que “reflejará también la voluntad del Estado de cumplir plenamente con sus obligaciones internacionales”.
