El general en retiro Humberto Guatibonza fue capturado este miércoles 12 de septiembre por su presunta participación en interceptaciones ilegales al Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez y otros personajes públicos del país.
Junto a Guatibonza se encuentra acusado el senador Armando Benedetti, como presuntos clientes de una red de chuzadas desmantelada por la Fiscalía a inicios de agosto. Esta red operaba en Ipiales y Cali donde fueron capturadas cuatro personas, tres militares retirados y una particular.
Martínez aseguró tras el desmantelamiento de la red, que se encontraba entre las víctimas de las interceptaciones hechas por la banda. Ahora, tras las indagatorias a los capturados, empiezan a conocerse los nombres de quienes presuntamente habrían contratado los servicios.
El abogado Jaime Lombana, abogado del senador Álvaro Uribe, y su hijo menor de edad, también aparecieron como víctimas de la persecución.
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El general en retiro Humberto Guatibonza fue un destacado policía, que se desempeñó como director del Gaula y de la Policía Metropolitana de Bogotá durante año y medio. También comandó la Policía del Valle de Aburrá, Antioquia, Córdoba y Chocó.
Guatibonza solicitó la baja al presidente Juan Manuel Santos en 2016, luego de 35 años al servicio de la institución. Según aseguró en su momento, consideraba haber entregado todo lo que podía a la Policía Nacional y cumplido su servicio.
Durante el operativo de la Fiscalía para desmantelar la banda criminal, fueron allanadas en Bogotá las instalaciones de la empresa ‘A&G seguridad’ de propiedad del general en retiro de la Policía, Humberto Guatibonza Carreño. La Fiscalía busca elementos que permitirían corroborar su presunta relación con la empresa de seguridad registrada en Cali, de acuerdo con pruebas técnicas recaudadas en los últimos meses.
Las investigaciones determinaron que los servicios eran ofrecidos a entidades del Estado y particulares. Publicitaban su capacidad de interceptar comunicaciones telefónicas, correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea. La red delincuencial cobraba al menos tres millones de pesos ($3’000.000) por cada actividad ilícita.
