Dos meses fue el plazo que le dio la Procuraduría General de la Nación a un grupo de autoridades nacionales y regionales de San Andrés para que retiren de la isla algunos elementos que se han convertido en chatarra y que en este momento se encuentran a la intemperie contaminando “el suelo, las fuentes superficiales y subterráneas, los acuíferos y el paisaje del archipiélago”, según dijo el ente de control.
En concreto, la entidad señaló que en una zona de ese departamento había una serie de embarcaciones y maquinaria pesada que se encuentran abandonados y que sobre estos se deben tomar medidas inmediatas para que, a más tardar, en 60 días hayan sido retirados del sector.
“Es urgente que se fortalezcan los programas de manejo de la chatarra que se encuentra en la isla, así como de salida de estos elementos, siguiendo los protocolos para la recolección y transporte establecidos por la normatividad sanitaria y ambiental, a fin de mitigar los daños al ecosistema que están causando y evitar la propagación de plagas”, dijo la Procuraduría en un comunicado.
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Las organizaciones señaladas directamente por el órgano de control como responsables de retirar estos desechos son los ministerios de Interior, Ambiente y Defensa; la Dirección General Marítima (Dimar), la gobernación local y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina). La misiva fue enviada directamente a los encargados de estos despachos.
Estas entidades, además, fueron señaladas como los principales responsables de dicha chatarra porque afecta los recursos naturales patrimonio de todos los colombianos. La Procuraduría señaló que arrecifes de coral, pastos marinos, playas y bosques de manglar son algunos de los ecosistemas afectados y recordó que el archipiélago es reconocido internacionalmente por ser una reserva biósfera que tiene características ambientales, sociales y culturales que deben ser preservadas por el Estado.
