En atención a las recomendaciones hechas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, sobre el genocidio de la Unión Patriótica, el Estado envió el informe penal del caso para que este organismo internacional analice las culpabilidades.
Así que será la CIDH la que determine cuál es el grado de incidencia del Estado en el asesinato de más de 3.136 miembros de la UP durante la década de 1980 y 1990. Este caso fue reconocido por la misma Corte como un delito de lesa humanidad en el cual se reconocen más de 6.000 víctimas.
Entre las recomendaciones enviadas por la CIDH a Colombia se encontraba la necesidad de una reparación individual a las víctimas por considerar que el sistema de reparación colectiva era insuficiente. Este documento, que no es vinculante para el Estado colombiano, presentó una molestia al interior del Gobierno.
Porque según Luis Guillermo Vélez, director de la Agencia Jurídica del Estado, la reparación individual representa un gran monto económico por parte del erario nacional. Por tanto, esperan concertar una reparación colectiva.
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Las víctimas representadas en diversas organizaciones como la Fundación Reiniciar han solicitado al Estado el reconocimiento de las víctimas, la culpabilidad del Estado en los crímenes y una reparación tanto individual como colectiva y simbólica para las víctimas.
La Unión Patriótica fue un movimiento político surgido de los acuerdos de paz con el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc, estos, aunque no desmovilizados en su totalidad tuvieron la oportunidad de participar en política como mecanismo para motivar la desmovilización y desarme de todos los miembros de la entonces guerrilla.
Pero esa oportunidad fue mermada por los grupos paramilitares que arreciaron un genocidio de todos los líderes y militantes del nuevo partido que fueron asesinados, con apoyo de los organismos del Estado. Entre las víctimas se cuentan dos candidatos a la presidencia, ocho congresistas, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes.
Según Iván Cepeda Castro, en los documentos entregados por los demandantes ante la CIDH, 1.163 miembros de la Unión Patriótica fueron ejecutados extrajudicialmente entre 1985 y 1993, 123 personas fueron desaparecidas forzosamente y 43 personas sobrevivieron a atentados de asesinato y 225 personas recibieron amenazas durante el mismo período.
