El juzgado 11 Penal del Circuito de medellín determinó que Raúl Eduardo Cardona Gonzales, el suspendido alcalde de Envigado (Antioquia) que es procesado por el delito de concusión, deberá permanecer en su residencia ya que le fue revocada la medida no privativa de la libertad de la que gozaba hasta el momento.
Desde diciembre pasado al exfuncionario no se le impusieron más limitaciones a su libertad que la prohibición de ingresar a la sede del centro administrativo y el veto de hablar con empleados o contratistas de la alcaldía. En esta investigación resultaron involucrados varios empleados administrativos por diversos casos de corrupción.
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La Fiscalía General de la Nación indicó que ha recolectado evidencias que demostrarían que Cardona despidió a algunos funcionarios por no pagar coimas a Lindon Jhonson Galeano Avello, un exconcejal del municipio. El ente de control contó que este individuo presionaba a dichos funcionarios para que le dieran cifras que rondaban el 10 y el 20% de sus respectivos sueldos. Para evitar que continuara incurriendo en estos delitos Galeano también se encuentra bajo la medida de prisión domiciliaria.
"Una de las víctimas denunció que tuvo que darle 62 millones de pesos para poder conservar su cargo. Al exconcejal le fue confirmada la medida de aseguramiento en su lugar de domicilio para evitar que continuara con los cobros irregulares", sostiene la Fiscalía en un comunicado.
En esta misma audiencia también se revocaron las medidas de detención domiciliaria que pesaban sobre José Conrado Restrepo y Girlesa del Socorro Mesa, contralor y secretaria de Hacienda del municipio, y se les impuso medida de aseguramiento intramural. A estos dos últimos exfuncionarios se los juzga por los delitos de falsedad material en documento privado y cohecho propio.
Por su parte, el exsecretario de Educación de Envigado Diego Echavarría Giraldo y el representante del programa Computadores para Educar Reinel Fernando Bedoya se mantendrán con la detención domiciliaria a la que fueron sometidos luego de que se destaparan irregularidades en un contrato con el que pretendían donar algunas tabletas.
