Las protestas de la comunidad de Nuquí no tuvieron efecto; tampoco la férrea oposición que lideraron las organizaciones. La aprobación del Plan Nacional de Desarrollo dio vía libre al Gobierno para continuar con la construcción del Puerto de Tribugá.
Parte de la población de este departamento costero argumenta que este proyecto portuario generaría una gran afectación al ecosistema de la región y echaría por el piso los proyectos de conservación y protección que adelantó la comunidad.
"Es un daño enorme a los recursos, a las especies, a los manglares, ahí es donde está la vida, la fuente, el pescado, las pianguas y los moluscos. Es un ecosidio gravísimo", señaló en diálogo con KienyKe.com Luis Alberto Angulo, líder comunitario del Consejo General Los Riscales, de Nuquí y la comunidad Afro.
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Denuncian que el proyecto plantea la destrucción de un manglar
Según el líder comunitario, la comunidad se opone al proyecto porque desde hace varios años adelantan procesos de conservación y preservación del territorio. Además, los nuquiseños, principalmente de la zona costera, se abastecen de la pesca artesanal y se han adecuado a un modelo de negocio ecoturístico. "En Nuquí llegan las ballenas y eso nos genera aproximadamente 1.000 turistas extranjeros para disfrutar el emparejamiento. Por eso cada persona está adecuando dos habitaciones para turistas en sus casas y adelantado trabajo comunitario para la conservación del medioambiente", señala Angúlo. La conservación del medio ambiente es uno de los argumentos principales que varios de los nuquiseños esbozan para oponerse al proyecto del Puerto de Tribugá. Resienten que no fueran tomados en cuenta por el Congreso, que aprobó el artículo 78 del Plan Nacional de Desarrollo y que permite las concesiones portuarias. "Entiéndase como puerto greenfield el nuevo emplazamiento portuario construido en aguas profundas, que requieren el desarrollo de toda la infraestructura complementaria de accesos marítimos y terrestres, así como la conectividad con otros modos de transporte y de comunicaciones con el resto del país y el mundo. Para este tipo de concesiones, el financiamiento de las inversiones requeridas en accesos y conectividad podrá ser contemplado en el Plan de Negocio del concesionario, y el plazo de la concesión podrá ser hasta de 80 años, de conformidad con el presente artículo", señala el artículo. El proyecto plantea la destrucción de un manglar, según dijo la representante Catalina Ortiz: la intervención de unos 3.600 metros de longitud, con una profundidad cercana a los 20 metros para la recepción de embarcaciones de gran tamaño.El puerto no garantiza desarrollo
"Buenaventura tiene un puerto que no ha copado su capacidad de carga. Además, ese es el reflejo más grande que un puerto no es desarrollo, porque he ido a Buenaventura y a Tumaco a los puertos y veo que las necesidades que nosotros tenemos las tienen ellos", argumenta Angulo. Asegura que la comunidad no está preparada para recibir la megaobra que se plantea y que los efectos sociales serían mayores a los beneficios. Según el consejo comunitario, la población que se encuentra en el área de construcción, ha sufrido diversos desplazamientos a lo largo de la historia a causa de la violencia. Al construir el puerto se presentaría un nuevo desplazamiento de estos habitantes. [single-related post_id="1089808"] Las comunidades sienten que las socializaciones que han hecho los constructores no son claras y que aunque prometen trabajo, este no es efectivo para las comunidades, porque no tienen los conocimientos para aportar al proyecto, más allá de la mano obrera. Es una comunidad rezagada económica, política y educativamente."¿Quién nos va a garantizar que esos proyectos no nos van a traer problemas?", aseguran."El puerto propone becas, acueducto, alcantarillado, pero esa es la obligación del Estado con los recursos de los impuestos que pagamos para ello, no podemos esperar megaproyectos para que nos solucionen nuestras necesidades básicas", afirmó Angulo a Kienyke. El consejo comunitario asegura que el servicio de energía presenta graves deficiencias. Llega a la cabecera las 24 horas por medio de plantas de Diesel, pero en las zonas rurales lo máximo son cinco horas en algunos corregimientos. Tienen acueducto pero no agua potable y no cuentan con servicio de ambulancias para las poblaciones retiradas. Así mismo, el transporte interdepartamental se realiza por medio de aerolíneas que cobran 170 mil pesos hasta Quibdó y 300 mil hasta Medellín. Los involucrados esperan que a pesar de la aprobación, se pueda negociar la eliminación del proyecto y no se afecte a la comunidad con su construcción. "Nosotros respetaríamos el resultado de una consulta previa, pero nos oponemos es porque no queremos que se realice, no queremos ni que se contemple", concluye.
