El Tribunal Administrativo del Chocó ratificó, en segunda instancia, el fallo que condenó al Estado colombiano por no haber tomado las medidas de seguridad necesarias para evitar, en su momento, la tragedia del Bojayá.
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Tras este fallo, el alto tribunal, la Procuraduría General de la Nación, el Ejército y la Policía Nacional deberán responder por omisión pues, de acuerdo a las versiones de algunos sobrevivientes, el Estado no dio la atención necesaria, pese a las alertas que se emitieron desde la comunidad e incluso instancias internacionales. Los hechos por los que se inició la demanda ocurrieron durante el gobierno del expresidente Andrés Pastrana, cuando la población tuvo que salir del municipio tras los enfrentamientos entre los paramilitares y la entonces guerrilla de las Farc. Entre finales del año 2002 y a comienzos de 2003 Bojayá estaba bajo fuego. Esto quedó demostrado cuando el 2 de mayo de 2002 se perpetró una de las masacres más grandes en Colombia por hombres de las Farc.Aunque las víctimas exigían recibir 600.000 millones de pesos como reparación por la tragedia, el fallo del Tribunal condenó al Estado a pagar 312.000 millones.El Alto Tribunal también tuvo en cuenta las cartas que la oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Colombia, le había hecho llegar al Canciller para la época Guillermo Fernández Soto, así como también al Ministro de Defensa Gustavo Bell y al Procurador Edgardo Maya Villazón. Lea también: Hace 17 años se nos apagó la alegría en Bojayá
