Al no poder llegar a un acuerdo para renovar el contrato con los dueños del edificio donde actualmente se encuentra ubicada la Contraloría General de la República, esta entidad suspenderá sus servicios y funciones desde el próximo primero de enero.
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Así lo anunció el contralor general Edgardo Maya Villazón, al asegurar que deben buscar una nueva sede, pues Gran Estación, dueña del edificio que deben desalojar quería prorrogar el contrato de arrendamiento por diez años más.
Según ha dicho en varias oportunidades el contralor Edgardo Maya, no es posible prorrogar el contrato de arrendamiento por varios años, pues la investigación que adelanta la Fiscalía por presunto detrimento patrimonial contra la excontralora Sandra Morelli es precisamente por haber firmado ese contrato.
En consecuencia, los procesos de responsabilidad fiscal que adelanta ese órgano de control contra aquellos funcionarios o entidades públicas que presuntamente hayan despilfarrado dineros del Estado quedarán suspendidos.
Sin embargo, el Gobierno le salió al paso a esta situación y le ofreció al contralor Edgardo Maya ubicar la entidad en la sede de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, donde se tiene previsto que se traslade el Ministerio de Justicia.
En todo caso, el contralor general pidió la intervención de la Defensoría del Pueblo para buscarle una solución pronta a la situación.
