El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, solicitó a la Unidad de Protección del Ministerio del Interior que se tomen medidas extraordinarias de seguridad para salvaguardar la vida de 4.700 concejales amenazados en todo el país, de los cuales 2.400 carecen en este momento de medidas de protección efectiva, según lo revela un reciente informe de la Federación Nacional de Concejales (Fenacon).
La denuncia de la Defensoría se produce tres días después de que la concejal de Puerto Asís y líder indígena Kamëntsá, Luis Celima Chalpatar Rivera, fuera asesinada por sicarios que la acribillaron frente a su residencia.
Otálora envió cartas pidiendo mayor protección al ministro del Interior, Aurelio Iragorri, y al director de la Unidad de Protección, Andrés Villamizar Pachón. En su misiva, el Defensor del Pueblo subrayó la inconformidad expresada por los concejales en relación con los “extensos términos” (2 a 6 meses) que se presentan entre el estudio del nivel de riesgo y la comunicación de la valoración del mismo, como de la implementación de las medidas de protección.
