La congresista opositora Yeni Vilcatoma dijo que presentará una denuncia contra el presidente peruano, Martín Vizcarra, por infringir un artículo de la Constitución sobre actividades por fuera de las tareas gubernamentales, informó la prensa local.
"Desde mi despacho estamos elaborando (una denuncia constitucional) en contra del presidente por haber inobservado el artículo 126 de la Constitución", expresó Vilcatoma, miembro del partido Fuerza Popular (fujimorista), a la radio RPP.
El artículo 126 establece que "los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros ni ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas".
Según la legisladora, Vizcarra era socio de la empresa CyM Vizcarra cuando dirigía la cartera de Transportes y Comunicaciones durante el mandato del expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
CyM es una empresa de la que el jefe de Estado fue socio junto con su hermano, y que prestó servicios de alquiler de maquinaria pesada al consorcio Conirsa por más de medio millón de dólares para la construcción de la carretera Interoceánica Sur.
Al consorcio Conirsa lo conformaban cuatro empresas, entre ellas la brasileña Odebrecht con una participación del 70 por ciento de las acciones.
Los servicios que prestó la empresa del presidente a Conirsa se dieron entre 2006 y 2008, cuando el mandatario no ejercía cargo público alguno.
La parlamentaria sostiene que Vizcarra no cumplió con renunciar a su cargo dentro de la empresa cuando asumió el cargo de ministro de Transporte y Comunicaciones, por lo que cabría acusarlo por violar la Constitución.
El jefe de Estado renunció a la empresa, como consta en Registros Públicos, en marzo de 2018, cuando asumió la presidencia de Perú.
La congresista de Fuerza Popular alega que como gerente de Operaciones en CyM Vizcarra, el mandatario no pudo haber desconocido que Odebrecht era integrante del consorcio Conirsa, como ha sostenido en declaraciones a la prensa.
La Constitución de Perú establece que el presidente no puede ser acusado durante el ejercicio de su mandato salvo por delitos de traición a la patria, impedir las elecciones a cualquier nivel jurisdiccional; disolver el Congreso, salvo excepciones, o impedir el funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones, organismo electoral de Perú.
