La Fiscalía general de la Nación anunció la captura de dos intendentes de Policía, una funcionaria y un particular que habrían ayudado a grupos armados a traficar insumos para la elaboración de sustancias ilícitas, en Nariño.
La participación de estos cuatro detenidos se divide en dos etapas distintas del proceso de elaboración y tráfico de drogas. A los uniformados Pablo Emigdio Ruano y Wilmer Arbey Muñoz, comandantes de la Policía en Pisanda y La Cruz, respectivamente, se les señala de haber dejado de cumplir su función permitiendo que pasaran sustancias controladas y narcóticos por zonas que estaban bajo su custodia.
Según la Fiscalía, estos intendentes recibían entre 700.000 y un millón de pesos por su cooperación con estos grupos ilegales; la cifra cambiaba según la cantidad y el tipo de sustancia.
[single-related post_id="1071219"]
Los otros dos vinculados, por su parte, son Yeimi Adriana Bolaños y Oduber Arleyo Realpe. La primera ejercía sus labores legales en la Oficina de Atención al Adulto Mayor de la Alcaldía de la Cruz, mientras que de él no se comunicó que ocupara cargos públicos, pero sí que era pareja de Bolaños. Las labores investigativas señalaron que esta pareja era la encargada de “coordinar y transportar el estupefacientes desde las zonas de procesamiento en Policarpa, Leiva, Cumbitara y Santa Rosa, entre otros municipios de Nariño, hasta Cali”.
En esa región suroccidental del país hacen presencia varias estructuras que tienen negocios de narcotráfico. Allí están asentados la estructura residual de la columna móvil Daniel Aldana y el grupo armado residual Estiven Prado González, ambas disidencia de las Farc; y la organización delincuencial Héroes de la Cordillera.
Estas cuatro personas procesadas se encuentran cobijadas por una medida privativa de la libertad domiciliaria y ya fueron imputados por los delitos de cohecho, concierto para delinquir con fines de narcotráfico, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
