Por vencimiento de términos fue dejada el libertad Luz Mary Guerrero, accionista y gerente de Efecty y Servientrega, investigada por el caso de Panamá Papers y a quien se le imputó los delitos de falsedad ideológica en documento privado, estafa, fraude procesal, enriquecimiento ilícito de particulares, administración desleal, lavado de activos y concierto para delinquir.
La decisión de dejar en libertad a la empresaria la tomó el juzgado 42 de control de garantías de Bogotá, luego de haberse vencido los 120 días, que señala la ley, como periodo para que la Fiscalía presentará la acusación escrita ante un juez de conocimiento.
Además de Guerrero, el juez determinó dejar en libertad a Sara Guavita, representante legal suplente de Servientrega; Jorge Sánchez Amaro, revisor fiscal de Efecty; Marta Inés Moreno, contadora, y Esteban Arellano, representante legal de la firma Mossack Fonseca & Co. Colombia, quienes como Guerrero tenían medida de casa por cárcel.
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Por su parte, la Fiscalía General de la Nación señaló tener evidencias suficientes que confirman que la empresaria ordenó a tres de sus empleados de confianza esconder en paraísos fiscales 4.5 millones de dólares de excedentes de sus empresas Efectivo LTDA y Circulante S.A.
El juez consideró que aunque el proceso ha sido complejo en materia de recolección de pruebas y de personal especializado que aporte en la investigación, el tiempo culminó, aún así reconoció que el vecino país ya había actuado recolectando la información que se requería: "La complejidad que pretendía que le diera este estrado judicial por parte de la Fiscalía se desvirtúa (...) cuando se da a conocer que en Panamá actuaron de manera pronta", enfatizó el juez.
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Estas cinco personas, según la Fiscalía, serán investigadas por hechos relacionados con la conformación de sociedades en Panamá cuyo propósito, al parecer, era no registrarlas ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, y así esconder ganancias.
Fuentes del ente de control revelaron que aparte de Luz Mary Guerrero Hernández los demás investigados habrían ocultado en cuentas o sociedades en el exterior unos 10 millones de dólares.
