Entre 2017 y 2018 fueron asesinados 39 defensores de derechos humanos en Guatemala, donde aumentó la criminalización de sus actividades y las irregularidades en los procesos en su contra, mostró el martes un informe de las Naciones Unidas.
"La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos-Guatemala (UDEFEGUA), registró 493 ataques y agresiones de distinta índole a personas defensoras (incluyendo 13 asesinatos) en 2017 y 391 ataques (incluyendo un alarmante número de 26 asesinatos) en 2018", señala el reporte.
De las 196 personas defensoras entrevistadas para este reporte, elaborado de conjunto con la Procuraduría de DDHH de Guatemala, un 86 por ciento afirmó haber sufrido algún tipo de ataque o amenaza entre el 1 de enero de 2017 y el 1 de marzo de 2019, y más de la mitad afirma haber sido víctima de múltiples agresiones.
La investigación señala numerosos ataques contra líderes indígenas, a quienes se trata de quitar fuerza e incidencia en espacios públicos y de toma de decisión, pues ciertos poderes locales los perciben como potenciales amenazas políticas.
A menos de un mes de las elecciones generales ya han sido documentados varios actos de violencia contra candidatos políticos, incluidos el asesinato de 2 personas vinculadas al partido Fuerza y 3 al partido Movimiento de Liberación de los Pueblos, una formación de fuerte presencia originaria.
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"Los actos de violencia documentados afectan en su mayoría a candidatos de partidos políticos nuevos o a aquellos que tienen plataformas en contra de la corrupción y la impunidad", señala el informe de UDEFEGUA.
Varios defensores entrevistados confesaron su temor a participar como candidatos en los procesos electorales debido a estos riesgos de violencia, y 9 de los 28 partidos políticos reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral se negaron a firmar un acuerdo para prevenir la conflictividad de cara a los comicios del próximo 16 de junio.
El reporte advierte que la corrupción y la impunidad "debilitan los procesos de defensa y promoción de los derechos humanos" y "afecta desproporcionadamente a las personas marginalizadas en términos de poder económico y político" en Guatemala.
"Debido en parte al débil trabajo del Estado en la educación y promoción de los derechos, la sociedad guatemalteca continúa asignando poco valor y relevancia a los derechos humanos en general, y a su promoción y defensa en particular", reconoce el estudio.
Al respecto, la ONU recomendó cambios estructurales para erradicar la situación de violencia y corrupción hacia los defensores de derechos humanos, como una reforma sobre la protección del activismo.
