La Contraloría General de la República dio a conocer que el proyecto para la adecuación de la carrera séptima de Bogotá al sistema Transmilenio, no ha resultado de acuerdo a las previsiones iniciales y su rezago amenaza con generar mayores costos administrativos y fiscales.
"Estamos hablando de un detrimento patrimonial por 448 millones de pesos y algunos otros hallazgos con otras incidencias como disciplinarias y unos tramites especiales de indagación preliminar" aseguró Martha Angélica Martínez, contralora delegada para el sector de infraestructura física.
En el informe la entidad destaca que se realizó una inversión de 287.000 millones de pesos al proyecto destinados a la compra de inmuebles, los cuales están generando una carga administrativa y económica en el cuidado, custodia y mantenimiento, por haber sido utilizados de manera oportuna.
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Hay presuntas irregularidades en la compra de predios, en la presentación de la información financiera y en varios contratos de consultoría. Entre estos se encuentran 6 que ya estaban suscritos a una promesa de compraventa y por los que se habían sido realizado pagos parciales por $1.870 millones.
Además, dentro de los 13 hallazgos existen 4 que tienen implicaciones fiscales y 9 disciplinarias, por lo que el IDU tendrá que desarrollar un Plan de Mejoramiento para hacer los ajustes sobre las irregularidades presentadas por Contraloría.
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En la auditoria se encontraron complicaciones en los contratos 1073 de consultoría y 1104 de interventoría, se determinó "la existencia de un presunto daño fiscal en cuantía de 219 millones y 61 millones, respectivamente, ocasionado por mayores valores pagados por el reconocimiento de ajustes”, según el informe de la entidad de control.
También se encontraron problemas en el manejo de la información financiera, pues, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) presenta en los estados financieros a diciembre 31 de 2018 los registros, clasificación y revelaciones de ejecución de los anteriormente mencionados por $10.249.8 millones en la cuenta 1810 de Bienes de Uso Público en Servicio.
Este proyecto fue desde un principio objeto de polémicas y disputas políticas, incluso el senador Rodrigo Lara había pedido vigilancia oficial en mayo del año pasado, sin contar con los problemas legales que tuvo por la molestia de muchos de los residentes de la zona que se verían afectados por la obras.
Las críticas vuelven a aparecer por cuenta de los hallazgos hoy revelados, aunque la alcaldesa Claudia López haya afirmado que ya no hará esa troncal de TransMilenio y que los predios serían utilizados en otros proyectos que plantee la nueva administración de Bogotá.
