La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) en Colombia publicó un reporte en el cual asegura que más de 2.700 personas están confinadas dentro de un área correspondiente a la jurisprudencia del municipio de Bojayá debido a confrontaciones armadas en la zona.
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Según la cartera de este organismo internacional, son nueve las comunidades indígenas y afrocolombianas que no pueden tener libre movilidad por su territorio desde marzo. Una misión de verificación logró identificar que han sido desplazadas, al menos, 11 familias emberá, de las comunidades Playita y Villa Hermosa, y 4 afro, de Pogue.
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Entre el jueves 4 y el domingo 7 de este mes estuvo en terreno una comisión conformada por personal de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y algunos representantes de organizaciones locales evaluando la situación en las comunidades de Villa Hermosa, Egoróquera, Playita, Unión Baquiaza, Mesopotamia, Napipí, Bocas de Opogadó, Carrillo y Pogue; que están establecidas en las cuencas de los ríos Bojayá, Opogadó y Napipí.
En esta visita determinaron que “se evidencia agudización de la crisis humanitaria en los territorios que habitan las comunidades afectadas”.
La Ocha señala que en esta zona del país ha aumentado la presencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) quienes efectúan acciones militares, combates y realizan incursiones. Del mismo modo, comentaron que los líderes comunitarios han sido intimidados, hay alto riesgo de reclutamiento, los habitantes deben pagar extorsiones para poder ejercer sus actividades y están siendo sembradas minas antipersona en la zona.
Esta condición especial dictada por el conflicto profundiza los problemas sociales con los que ya cargaba esta región. De esta forma, el ente extranjero denunció que existe escasez de alimentos y acceso a medios para lograr una digna calidad de vida más allá del sustento diario.
