Por irregularidades en la ejecución de los recursos destinados para atender a los adultos mayores, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra siete mandatarios de La Perla del Sinú.
Entre ellos se encuentran Juan Carlos Yances Padilla, alcalde del municipio de Los Córdobas; Ovidio Miguel Hoyos Paternina, de Pueblo Nuevo; José Ignacio Gómez Ramos, de Valencia; Gilberto Ramírez Montes, de Planeta Rica; Teresa María Salamanca, de Chinú; Alejandro Javier Mejía, de Ciénaga de Oro, y Baldomero José Villadiego, mandatario local de Sahagún.
Así mismo, "el órgano de control abrió investigación y suspendió provisionalmente por el término de tres meses a los siete supervisores de los convenios interadministrativos celebrados entre los municipios y entidades sin ánimo de lucro, con el fin de prevenir la reiteración de la presunta falta disciplinaria", aseguró el ente investigador.
Además de los siete, la decisión cobija también al secretario de Salud de Los Cordobas, Fabian Enrique Álvarez; al secretario del Interior de Pueblo Nuevo, William Antonio Bitar Álvarez; al secretario de Asuntos Municipales de Valencia, Henry Arévalo Aldana; al secretario de Gobierno de Planeta Rica, Eduardo Santander Sánchez; a la secretaria de la Mujer y Género de Chinú, Marcela Soto López; a la directora Local de Salud de Ciénaga de Oro, Sonia Elena López, y al coordinador del Programa Adulto Mayor de Sahagún, Yony Martínez Gloria.
Con esta investigación la Procuraduría busca establecer la existencia de presuntas faltas disciplinarias, ya que según informe de la Delegada para la Salud, Protección Social y Trabajo Decente, se encontraron irregularidades relacionadas con los adultos mayores registrados para la atención.
Algunas de ellas tienen que ver con servicios a personas fallecidas, discrepancias con las EPS registradas, que no pertenecía al SISBEN, inconsistencias en nombres y números de cédulas, y residencia en lugares diferentes al departamento de Córdoba.
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Este cartel se sumó al de la hemofilia, el sida, los enfermos mentales. Con este, al menos 3.400 millones de pesos se perdieron ya que los beneficiarios estaban muertos o no existían. Así lo explicó el Procurador Carrillo en su momento: "Técnicamente es una defraudación a los adultos mayores de Colombia, en contratos de mas de 3.400 millones de pesos; encontramos personas fallecidas o que no viven en Córdoba o no pertenecen al Sisbén (...) Antes los corruptos se pegaban de los temas de infraestructura, ahora tristemente lo hacen de los sectores sociales”.
