Los Gobernadores de Colombia, reunidos en la ciudad de Medellín, reiteraron su "inmensa preocupación por las medidas recentralizadoras que día a día asfixian cada vez más las finanzas departamentales, y los principios constitucionales de descentralización y autonomía territorial", aseguraron a través de un comunicado.
Es por esto que le hacen un llamado al gobierno nacional en cuatro temas clave que para ellos ejemplifican la crítica situación por la que atraviesa el nivel intermedio de gobierno:
- Programa de Alimentación Escolar (PAE): Los Gobernadores continúan en sesión permanente, como lo acordaron el 19 de enero en la ciudad de Cartagena. Esta semana avanzaron en la realización de una mesa técnica con el Gobierno Nacional y la Procuraduría General de la Nación, para hacer efectiva la entrega definitiva de este programa a la nación.
- Decreto de operación de la ADRES: Los Gobernadores ratifican la posición fijada en el acuerdo suscrito con el Ministro de Salud, el Viceministro de Hacienda y el Alto Consejero para las Regiones, el pasado 15 de enero de 2018 en la ciudad de Bogotá. Ven con preocupación el no lograr un acuerdo final en la mesa de redacción del nuevo decreto, y reiteran que los mayores recaudos por concepto del impuesto al cigarrillo son propiedad de los departamentos y deben descontarse de la matriz de cofinanciación 2018 y de los años posteriores.
- Decreto de protección de Líderes sociales y comunales (Decreto 2252 de 2017): Los Gobernadores respaldan esta reglamentación que contribuye a proteger la vida de los líderes en las diferentes regiones de Colombia, sin embargo, esta se plantea mediante un esquema de descentralización disfuncional, que continúa trasladando competencias sin la correspondiente asignación de recursos para su financiación.
- Precios promedio de bebidas alcohólicas certificados por el DANE: Los Gobernadores rechazan la interpretación que le ha dado el DANE a la metodología de cálculo de los precios de referencia de los licores, que ha implicado que la base de los precios promedio disminuya en más de un 30%.Esta medida afecta seriamente las rentas de los departamentos. Solo para ejemplificar lo perjudicial de esta medida, la misma implicaría una pérdida de 47 mil millones para el departamento de Antioquia y 52 mil millones al departamento de Cundinamarca.
