La Corte Constitucional dio el visto bueno el pasado miércoles 4 de junio sobre el decreto que permite la elaboración y entrega de inventario de bienes por parte de la extinta guerrilla de las Farc, como uno de los compromisos pactados con el Gobierno Nacional en el Acuerdo de Paz. Se aclara que los bienes solo podrán ser utilizados para la reparación de víctimas.
Se trata del decreto 903 de 2017 que creó el Fondo de Víctimas para el manejo de bienes y recursos del inventario, donde dice que "la atención y reparación integral a víctimas en el marco del fin del conflicto y contribución material de las víctimas establece lo siguiente, con lo cual se demuestra que este decreto tiene conexidad directa con el Acuerdo Final y que es imperioso proferir este decreto ley antes de la finalización de las zonas veredales para que los bienes que entregue puedan destinarse a las víctimas".
Entre los bienes se incluyen $963.000 millones de pesos, US$450.00 dólares y 267.000 gramos de oro, repartidos entre efectivo, bienes, ganados y más elementos.
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Este decreto había presentado inconformidades anteriormente, puesto que se había comunicado que los bienes iban a ser destinados a la reparación de víctimas del conflicto armado y también incluía, según el Acuerdo Final de Paz, la reincorporación social y política de las Farc.
"Para el funcionamiento del Centro, el Gobierno Nacional destinará, con cargo al presupuesto general de la nación, un monto anual igual al asignado para la difusión y divulgación de la plataforma ideológica y programática arriba mencionada, hasta el 19 de julio de 2022", señala el punto 3.2.2.2 del Acuerdo de Paz. Sin embargo, la Sala Plena de la Corte Constitucional consideró que estos deben destinarse únicamente para la reparación de las personas que sufrieron la guerra.
Finalmente, en el decreto se señala que los bienes que entregaron las Farc "serán transferidos al patrimonio autónomo, que se considera han sido bienes colectivos de los integrantes de las FARC-EP y que no cabe acción penal alguna de la jurisdicción ordinaria por conductas cuyos actos de ejecución hayan ocurrido antes de la entrega de referido inventario".
