Alejandro Lyons Muskus, exgobernador del departamento de Córdoba, deberá explicar ante la Procuraduría General de la Nación qué pasó con los dineros para el tratamiento del síndrome de Down aparentemente pagados a una IPS a costos injustificados.
El órgano de control endilgó dos cargos a Lyons porque no habría ejercido su deber de vigilancia y control sobre los actos de su secretario de Salud, lo cual permitió que la IPS Girasoles incrementara injustificadamente su patrimonio y se beneficiara de pagos a los que no tenía derecho.
En este caso, la Procuraduría investiga un pago autorizado por el secretario de salud del departamento, Preciado Lourdy, quien habría autorizado dineros para tratamientos terapéuticos del paquete integral de neurorehabilitación, pero que nunca se realizaron.
Asimismo, algunos de esos pagos, según las pruebas del órgano de control, las terapias se habrían pagado de forma unitaria, diferían en el precio y en casos se cobraron precios excesivos.
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En un segundo cargo, la Procuraduría encontró que en el periodo comprendido entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2015, el exfuncionario al parecer omitió verificar que las IPS de Córdoba, que estaban prestando el paquete integral de terapias de neurodesarrollo y neurorehabilitación, en los años 2014 y 2015, tuvieran el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), con lo que aparentemente incumplió funciones inherentes a su cargo, que le ordenaban verificar que las instituciones de salud cumplieran con registros mínimos consagrados en las normas.
Este no es el único caso de corrupción en la salud del departamento de Córdoba, en el que se encuentra salpicado el exgobernador Alejandro Lyons. Al parecer durante su administración también se desangró el presupuesto para la salud, a través del suministro de tratamientos y medicamentos a supuestos pacientes de hemofilia que nunca existieron.
El cuestionado exdirigente también ha resultado implicado en el caso del Cartel de la Toga, como uno de los presuntos tramitadores del pago de sobornos a los magistrados de ese alto tribunal.
Asimismo, el órgano de control se encuentra estudiando la suspensión del actual gobernador Edwin Besaile por presuntas irregularidades en la terminación de un contrato de ciencia y tecnología y posibles actos de corrupción relacionados con la ejecución del proyecto con cargo a recursos de regalías.
