La Fiscalía General de la Nación hizo una gran entrega de informes del conflicto armado a la Justicia Especial de Paz, JEP. Los documentos entregados pertenecen a 223.282 casos de grupos armados, Ejército, secuestro y victimización de miembros de la Unión Patriótica.
Los informes fueron presentados a la presidente de la JEP, Patricia Linares Prieto, y a la presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP, Julieta Lemaitre Ripoll. Según la Fiscalía, los informes corresponden a investigaciones que se adelantaron contra exintegrantes de las Farc y agentes del Estado.
La cifra más sorprendente que arrojó el informe de la Fiscalía se deduce de la ganancias que obtuvo la guerrilla de las Farc - EP del secuestro extorsivo. La Fiscalía apunta que por esta práctica recaudaron 3’625.608’297.250, tres billones seiscientos veinticinco mil seiscientos ocho mil millones, doscientos noventa y siete mil doscientos cincuenta pesos colombianos
La Fiscalía General de la Nación (FGN) cuenta con 6.162 investigaciones atribuibles a las Farc – EP por hechos de retención ilegal, que agrupan 8.163 víctimas y 4.314 procesados. Con respecto al sexo de las víctimas, 1.817 (22%) fueron mujeres y 5.933 (73%) hombres.
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Según la descripción de los hechos elaborada por el Fiscal Néstor Humberto Martínez, la práctica del secuestro y extorsión inició a mediados de 1982 luego de la VII conferencia de las Farc. Los dirigentes de la guerrilla optaron por el secuestro como forma de financiamiento. Los hechos del cálculo corresponden a los años 1996 - 2012.
Respecto al perfil de las víctimas de este flagelo, la Fiscalía concluyó que el grupo más afectado fue la población campesina con el 24.87% de los casos; seguido de medianos empresarios, 18.34 %; comerciantes, 13,80%; aspirantes y funcionarios de cargos públicos, 12,43% y Fuerza Pública con un 8,43%.
De otra parte, los diez (10) departamentos que concentran el 75% de investigaciones por “retención” de personas son: Antioquia (1.904 casos), Meta (765), Bolívar (332), Córdoba (307), Cesar (292), Cundinamarca (251), Caquetá (232), Tolima (221), Norte de Santander (174) y Chocó (156). El departamento más afectado fue Antioquia, con un 30% de las investigaciones.
"La magnitud económica que pudo haber representado este fenómeno criminal para las finanzas del grupo guerrillero no se ha cuantificado en su totalidad. De hecho, muchos de los procesos penales no suelen reportar esta información, y ni siquiera se sabe si los familiares realizaron algún pago", aclaró el ente de control.
Respecto a los perpetradores de los delitos, los mayores perpetradores son los paramilitares de las AUC, con un total de 55.768 casos, el segundo es la desmovilizada guerrilla de las Farc con 52.220, es decir un 23,4% de los casos; 13.934 tienen como perpetrador a la Fuerza Pública y agentes del Estado, 10.164 a miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
La cifra más impactante y que representa un reto para los Acuerdo de Paz en términos de Verdad y Justicia corresponde a los 87.872 que no tienen un grupo perpetrador identificado.
Respecto a los casos que adjuntó la Fiscalía vinculados con los casos de miembros de la Unión Patriótica, el ente de control halló 863 procesos que tienen relación entre el hecho delictivo y la militancia en la UP. En total se agrupan 1.620 víctimas. De esos casos, 277 tienen como perpetrador a agentes del Estado.
Como resultado de la investigación de la UP, se ubicaron y registraron 246 sentencias a nivel nacional. De este total, 211 (85%) son condenas que vinculan la responsabilidad de 374 personas, 68 de los cuales participaron en calidad de autores, 276 como coautores, cinco como cómplices y 25 con otro tipo de participación. Finalmente, en relación a los agentes del Estado, en estas sentencias se incluyen a dos agentes del DAS, 18 miembros del Ejército y 10 de la Policía Nacional.
