Medida de aseguramiento para la contralora Sandra Morelli

La Fiscalía General de la Nación solicitó al Tribunal Superior de Bogotá emitir medida de aseguramiento, no privativa de la libertad, para la contralora Sandra Morelli. De esta manera, la funcionaria no podrá salir del país mientra se adelanta un proceso penal en su contra por presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento de la sede de la Contraloría que actualmente está en un edificio del centro comercial Gran Estación. A Morelli se le señala por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La Fiscalía determinó: 1. El desconocimiento del principio de planeación. Lo anterior porque no se adelantaron estudios técnicos tendientes a establecer si los dos edificios ubicados en el centro de la ciudad presentaban fallas estructurales que impidieran el cabal desarrollo de las labores constitucionalmente encomendadas a la Contraloría General de la República. Este punto resultaba esencial para definir si era urgente o no el traslado de sus funcionarios a otras sedes rentadas o propias. 2. El principio de transparencia también pudo ser desconocido en el trámite contractual aludido. Los documentos con los que se soportó la suscripción de los contratos de arrendamiento son simples conceptos y recomendaciones de organismos y entidades que no tienen capacidad técnica para hacer un diagnóstico estructural respecto de tales edificaciones. Adicionalmente, en ninguno de aquellos documentos fue sugerido el cambio de sede de la citada entidad. 3. Existieron graves irregularidades en los estudios de mercado que llevaron a la suscripción de los contratos cuestionados. Estos se realizaron con fundamento en una mera comparación de precios extraídos de una página web. No fueron realizados con inmuebles, ofertas y proponentes comparables entre sí y que guarden relación con las necesidades de la Contraloría General de la República. 4. Pudo afectarse también el principio de selección objetiva. Se desnaturalizó el contrato de arrendamiento para incluir en el mismo la adquisición de: ductos, sanitarios, aires acondicionados y mobiliario, entre otros, con pagos amortizados a 10 años o, en todo caso, al momento de darse por terminado el contrato. Con esta figura el ente de control fiscal se obligó a llevarse consigo tales elementos. 5. Pudo haberse violado también el principio de economía, porque aun cuando existían ofertas más favorables del mismo contratista, sin mayor motivación, el contrato fue suscrito con un sobrecosto cercano al 10% respecto de la oferta inicial recibida por la Contraloría.