Este sábado la Policía Nacional de Nicaragua advirtió que no permitirá que se realicen movilizaciones sin la autorización de las autoridades policiales.
“La Policía Nacional ratifica que ninguna actividad puede realizarse sin la correspondiente autorización y cobertura policial a fin de no afectar la vida social, económica, comercial, financiera, religiosa y de recreación del pueblo nicaragüense”, dijo la Policía a través de un comunicado.
La declaración se hizo luego de que la Unidad Nacional Azul y Blanco, opositora del gobierno de Daniel Ortega, convocara a una marcha para este domingo.
La Policía argumentó que la Constitución “establece que toda movilización en cualquier parte del país debe realizarse una vez que los organizadores han solicitado el permiso correspondiente ante las autoridades policiales y que este haya sido otorgado”, indicó en el comunicado.
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Sectores de oposición se mostraron en desacuerdo con el anuncio. Afirman que el artículo 53 de la Constitución establece que “se reconoce el derecho a reunión pacífica; el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo”.
Desde el pasado 28 de septiembre la Policía ya había declarado “ilegales” las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
“La Policía Nacional cumple su deber constitucional de garantizar seguridad y tranquilidad a todas las familias nicaragüenses y por lo tanto reitera que no se permitirán manifestaciones o movilizaciones en la vía pública que no cuenten con el debido permiso y tomará todas las medidas necesarias para mantener la seguridad, el orden público, los derechos de la ciudadanía a movilizarse y circular en sus actividades normales”, declaró la institución.
Nicaragua se encuentra en una crisis social y política desde el pasado 18 de abril, cuando grupos ciudadanos iniciaron protestas en contra del gobierno de Ortega para exigir que se realicen elecciones presidenciales adelantadas, algo que el gobierno se ha negado a hacer.
Los enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes han dejado cientos de muertos, y organizaciones defensoras de derechos humanos afirman que la Policía habría detenido a al menos 500 personas por participar en las protestas.
