Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), de la Fiscalía General de la Nación, capturaron a nueve personas en el Cesar señaladas de pertenecer al llamado “Carrusel de las pensiones” en empresas mineras de la región.
Las diligencias de registro y allanamiento que realizó el CTI fueron en Valledupar, Cesar, en los barrios Francisco el Hombre, Nueva Esperanza, La Victoria, Altagracia y Villa Carola. Otro implicado fue capturado en el municipio de San Diego y una personas más en Bucaramanga, Santander.
Los detenidos serán presentados ante un juez en las próximas horas. Los delitos que se les imputa son estafa agravada, falsedad en documento público y fraude procesal. Se espera que la diligencia se realice hoy mismo.
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Las indagaciones iniciales apuntan a que estas personas obtuvieron sus pensiones de manera ilegal. Todos los implicados trabajaron en empresas de explotación y procesamiento de carbón como la multinacional Drummond, Cerrejón y Prodeco.
Presuntamente, la manera de operar de estas personas era presentando documentación falsa argumentando problemas de salud, esto lo lograban con avales de médicos calificadores de Colpensiones, funcionarios públicos que hacen parte de la Junta Regional de Calificación del Cesar (JRC), abogados, psiquiatras y juzgados laborales y civiles.
La JRC y los médicos psiquiatras eran contactados cuando el puntaje para pensionarse por problemas de salud no alcanzaba. Con la JRC se negociaba una calificación de más del 50% de la pérdida de capacidad laboral y cuando esto no se lograba, entonces contactaban a un psiquiatra para expedir un dictamen declarando a la persona mentalmente inválida.
Los juzgados laborales entraban a jugar un papel importante cuando los dictámenes era apelados por las empresas, en estos casos se interponían tutelas que ordenaban a los fondos pensionales y a las aseguradoras, pensionar y pagar pólizas a los implicados.
Algunas de las personas capturadas, además, solicitaron créditos en entidades financieras al máximo de su capacidad de endeudamiento y cuando obtuvieron el dictamen de su incapacidad laboral certificada, acudieron a dichas entidades para que sus deudas fueran condonadas.
