Horas antes de abordar el avión que lo llevará extraditado a Estados Unidos, Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, recibió una buena noticia, le fue aprobado el principio de oportunidad por un juez penal en Bogotá.
La defensa de Moreno había solicitado este recurso por cuarta vez y en esta ocasión le fue otorgado bajo cuatro condiciones: mostrar buena conducta, otorgar información sobre el caso de corrupción en la Corte Suprema conocido como 'Cartel de la Toga', no volver a delinquir y continuar colaborando con la justicia colombiana.
Este beneficio le concede en cierta forma un indulto a ciertos delitos cometidos en el marco del Cartel de la Toga. La Fiscalía detendrá las acciones penales que corren en su contra y los delitos de cohecho, concierto para delinquir y uso indebido de información privilegiada.
Este recurso se otorga a las personas que tienen información sobre actuaciones delictivas y en los cuales ocuparon cargos menores, con la intención de que sigan otorgando información para desarticular la banda.
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Gustavo Moreno se comprometió con continuar otorgando información a la justicia, entregar los nombres y delitos de los 28 implicados en este proceso. En caso de que Moreno no cumpla con las condiciones del principio de oportunidad le será revocado el beneficio y reiniciadas las actuaciones en su contra.
Esta mañana también se tramitó el viaje del exfiscal anticorrupción a Estados Unidos para comparecer ante la justicia de ese país por la aceptación de sobornos y presunto blanqueo de dinero. La DEA entregó las pruebas para la acusación formal y el inicio de la investigación en contra de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Entre los nombres que el exfiscal ha entregado a la justicia, están los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Gustavo Malo, también implicó al excongresista Musa Besaile y al exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons.
Cabe recordar que el Cartel de la Toga es quizá el caso de corrupción más grande en la justicia colombiana. Consistía en favorecer a políticos implicados en investigaciones para que sus acusaciones no prosperaran, la mayoría de los implicados están vinculados con casos de corrupción en el país, como el saqueo de los gobernadores de Córdoba al erario de ese departamento.
