Los familiares y la defensa del abogado y periodista, Jaime Garzón, solicitaron al juez Séptimo especializado de Bogotá que lleva el caso, declarar el crimen como de lesa humanidad. Argumentan que el crimen no fue un hecho aislado.
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Según lo familiares, el asesinato de Jaime Garzón el 13 de agosto de 1999 correspondió a un plan sistemático, auspiciado por agentes del Estado en compañía de grupos armados ilegales, para matar a defensores de derechos humanos, periodistas y líderes políticos.
Esta solicitud fue hecha luego del juicio al coronel retirado del Ejército, Jorge Eliécer Plazas Acevedo, quien según la Fiscalía y la defensa de Garzón, tenía vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia y un canal directo de comunicación con Carlos Castaño. Este último habría ordenado el asesinato del periodista por considerarlo cercano a la guerrilla.
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En el crimen, según las pruebas, Plazas Acevedo habría ordenado seguimiento a Garzón como jefe de inteligencia de la Brigada XIII del Ejército Nacional. Esa información la habría entregado a las AUC para la ejecución posterior.
La Procuraduría aseguró, durante la audiencia, que tiene pruebas de las existencia de una oficina de interceptaciones, espionaje y seguimiento que funcionaba desde la Brigada XIII del Ejército. Seguimientos que habrían sido ordenados a otras personalidades, diferentes al humorista Jaime Garzón.
Aunque este crimen había sido declarado de lesa humanidad a mediados de 2016, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito reversó la decisión por considerar que no existían pruebas que sustentaran la existencia de un plan sistemático de asesinatos, entre el cual se hubiera cometido el homicidio de Jaime Garzón.
