Proceso de revocatoria contra Peñalosa sigue en firme

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme el proceso de revocatoria contra el Gobierno del Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

Esta decisión se dio a conocer en la Sala de Casación Penal de
La Corte Suprema de Justicia dejó en firme el proceso de revocatoria contra el Gobierno del Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Esta decisión se dio a conocer en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema por el magistrado Fernando Castro, quien informó que el alto tribunal decidió no aceptar los argumentos de la defensa del mandatario, quien había interpuesto una acción de tutela en contra de este proceso. [single-related post_id="726188"] Para el Supremo, la revocatoria "es un mecanismo de participación ciudadana de origen popular, que confiere a los electores la posibilidad de controlar políticamente la conducta de sus representantes", por lo que no es necesario probar los hechos en que fundamentan su inconformidad. https://twitter.com/DiegoPintoMi/status/892429156633513984 De esta forma, el magistrado emitió un fallo en el que negó tumbar la tutela contra el fallo del pasado 7 de junio de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, argumentando que la defensa de Peñalosa no pudo demostrar una vulneración a los derechos tutelados. Esto teniendo en cuenta, que en la acción judicial, argumentó que existía una vulneración a los derechos fundamentales del debido proceso, defensa y ser elegido. [single-related post_id="698688"] "Considera la Sala que no puede atribuirsele al mecanismo de participación democrática de revocatoria de mandato, las caracterísitcas y ritualidad de un proceso judicial, pues recuérdese que aquel se trata de un juicio político ejecutado por el electorado interviniente en la elección de sus gobernantes, en ejercicio del poder soberano que en él reside", señala la decisión. “Según la Jurisprudencia Nacional, en el plano político, los instrumentos citados, tienen como fin el fortalecimiento de la democracia participativa y la consecución de ciertos objetivos, como el de permitir el acceso a todos los ciudadanos a los procesos de toma de decisiones políticas y avalar el ejercicio de un control político de los electores a los elegidos para castigar la corrupción administrativa y el uso del poder en interés particular“, reza el fallo.
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