El conflicto armado dejó en Colombia cerca de 80.500 personas desaparecidas entre 1958 y el 2018, según el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). La cifra es superior a la que dejaron las dictaduras del Cono Sur en Suramérica.
Bajo ese estremecedor contexto, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia emitió la semana pasada el auto AT-076 de 2019, que recordó el dolor de quienes buscan a sus familiares. El tribunal ordenó el sellamiento del laboratorio de antropología de la Universidad de Antioquia en Medellín debido a su cuestionado manejo de cuerpos que podrían ser de desaparecidos.
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En inspecciones judiciales ordenadas por la JEP, los cuerpos fueron encontrados sin registros, sin clasificaciones adecuadas ni una organización documental y, en el mejor de los casos, en cajas con el rótulo de “dispersos”, sin ningún tipo de protección.
La JEP mencionó que los cuerpos llegaron a la Universidad al ser trasladados de los cementerios de los municipios de Sabanalarga, Peque y Barbacoas (zona de influencia de la hidroeléctrica Hidroituango en el departamento de Antioquia) donde grupos paramilitares del Bloque Metro perpetraron decenas de asesinatos que se realizaron con frecuencia a finales de los años 90 y principios de la década del 2000.
“Desde su formación, en 1997, el Bloque Metro delinquió en el nororiente de Antioquia y luego en el centro del departamento. La mayoría de los ‘paras’ que pertenecían a este grupo provenían de Urabá”, reseñó una investigación del medio Rutas del Conflicto.
Los bloques Norte, Mineros y Noroccidental Antioqueño también operaron en la zona. De hecho el municipio de Peque fue escenario de una masacre en julio de 2001. “Los paramilitares golpearon de casa en casa para citar a la comunidad en la plaza, en donde escogieron al azar a 30 habitantes, se los llevaron fuera del pueblo y asesinaron a ocho”, indicó Rutas del Conflicto.
El traslado de los cuerpos al laboratorio fue facilitado por convenios de la Universidad de Antioquia con la empresa Integral S.A, que ha dado asesorías técnicas en el marco de la construcción de la hidroeléctrica de Hidroituango.
La Universidad, además, tiene un convenio con la compañía Empresas Públicas de Medellín (EPM), que ganó la licitación para el desarrollo, construcción y operación del proyecto de Hidroituango, que se encuentra ubicado entre el municipio de Ituango y el corregimiento de Puerto Valdivia, en Antioquia.
“La antropóloga Timisay Monsalve, en representación de EPM, manifestó que en desarrollo del convenio PC2017001472 celebrado entre EPM y la Universidad de Antioquia se había realizado la prospección y recuperación de 349 cuerpos en diferentes lugares que se encuentran en municipios de influencia del proyecto Hidroituango”, detalló la JEP en su auto, que fue emitido por su Sección de Primera Instancia para Casos de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad.
El documento de la JEP menciona que, de los 349 cuerpos, solo 25 se entregaron a sus familiares. Indicó, además, que entre los cuerpos recuperados se encuentran algunos de personas no identificadas.
Durante la inspección, la JEP identificó que los cuerpos que reposaban en las cajas con la etiqueta de "dispersos" corresponden a los trasladados del cementerio de la localidad Orobajo, del municipio de Sabanalarga, y que no se pudo identificar los restos que provienen de Barbacoas y Peque.
Otros cuerpos hallados en las inspecciones judiciales del pasado mes de octubre al laboratorio de la Universidad de Antioquia provienen del cementerio El Universal de Medellín, con presuntas víctimas de la violencia desatada en años pasados en la comuna 13 de la capital antioqueña.
La JEP concluyó que hay serios indicios de falta de precisión respecto a la información de los cuerpos esqueletizados provenientes del Cementerio Universal de Medellín.
“No se tiene información clara y precisa acerca de cuáles cuerpos esqueletizados corresponden a personas que sufrieron una muerte violenta y, por lo tanto, también se desconoce si esas muertes fueron ocasionadas o tuvieron relación directa o indirecta con el conflicto armado y, particularmente, con los hechos acaecidos en desarrollo de este en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín”, indicó la Jurisdicción especial.
En el auto de la JEP también se menciona un informe policial que detalla que el 23% de los cuerpos provenientes del Cementerio Universal corresponden a personas cuya muerte se habría producido por lesiones de causa externa, en forma violenta.
Una de las líderes de la unión de organizaciones asociadas al Movimiento Ríos Vivos, Isabel Cristina Zuleta, que en reiteradas ocasiones le ha pedido al Estado que consolide la cifra de personas desaparecidas en la zona de influencia de Hidroituango para poder ejecutar un plan de búsqueda, se declaró sorprendida por lo encontrado en la Universidad de Antioquia.
“Para nosotros fue una sorpresa. Nosotros no sabíamos que ellos tenían esa cantidad de muertos que no los habían identificado. Los familiares de los desaparecidos están muy adoloridos. Sienten que la Universidad cometió una falta ética y moral”, le indicó Zuleta a la Agencia Anadolu.
La líder del Movimiento Ríos Vivos afirmó, además, que “es muy doloroso que hayan sacado todos esos cuerpos sin estar claramente identificados”. “Las familias de los desaparecidos dicen que ahí pueden estar sus seres queridos”.
Zuleta calificó como “importante” la medida de la JEP para proteger los restos, que afirma son fundamentales para que se sepa la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto colombiano.
“Hemos entendido es que hay muchos intereses en que los muertos no hablen y no digan lo que tienen que decir (…) lo que nosotros siempre hemos querido es que esos cuerpos cuenten su verdad y hagan parte de la reconstrucción de la memoria y contribuyan a ese proceso de justicia que tanto necesitamos en Colombia”, aseveró la vocera del Movimiento Ríos Vivos.
Zuleta mencionó que desde el Movimiento Ríos Vivos se considera que un plan de búsqueda de desaparecidos debe contar con medidas efectivas de protección para que no corran riesgos las personas que tiene información o que, incluso, han enterrado cuerpos sin identificar.
“Pedimos que se haga un plan de búsqueda de los desaparecidos y que se rescaten todos los cuerpos que quedaron debajo del embalse (en Hidroituango), así como los que están por fuera de la zona del embalse, que están en riesgo porque hay muchos deslizamientos de tierra”, afirmó Zuleta.
Para el Movimiento Ríos Vivos, hay 27 municipios afectados por Hidroituango en donde se estima que hay 2.765 desaparecidos, traducido en el 3,44% del total de personas víctimas del conflicto que en Colombia aún se buscan.
La decisión de la JEP sobre el laboratorio universitario estará vigente hasta finales de diciembre, cuando se espera consolidar un inventario sobre los restos que allí reposan.
La medida de la JEP fue una respuesta a una solicitud de la organización Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) y siete familiares de desaparecidos que solicitaron medidas cautelares anticipadas sobre 16 lugares del país en los que se presume existen personas enterradas dadas por desaparecidas, entre los que se encuentran la comuna 13 de Medellín y la zona de influencia de Hidroituango.
