Luego de que se conociera que la Fiscalía abrió investigación para determinar si Vicky Dávila, directora de La FM y su equipo de trabajo están siendo objeto de amenazas y chuzadas, por medio de su cuenta en Twitter la periodista expresó su consigna: "Seguimos adelante".
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Temprano la Fiscalía recordó que los periodistas "son objeto de especial protección constitucional" y que las amenazas en su contra por su labor "constituyen por sí mismas una afectación contra el sistema democrático".
Según explicó el fiscal general, Eduardo Montealegre, la investigación se abre a raíz de una denuncia de Dávila en la que "se ponen en evidencia hechos muy concretos" que muestran que tanto la periodista como su familia y equipo de trabajo "han sido víctimas de seguimientos e interceptaciones ilegales de sus comunicaciones privadas".
La hipótesis que maneja la Fiscalía es que esas amenazas"pueden guardar relación con una serie de notas y denuncias periodísticas que involucran presuntas irregularidades dentro de la Policía Nacional", agregó Montealegre.
Asimismo, subrayó que "no se descarta la posibilidad de citar a altos oficiales de la Policía Nacional para rendir declaración" por estos hechos.
Mientras tanto, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, valoró la iniciativa de la Fiscalía para adelantar las investigaciones correspondientes y enfatizó en la necesidad de proteger el derecho a la libertad de expresión e información.
Otálora rechazó las presuntas interceptaciones y seguimientos irregulares de que habrían sido objeto la periodista Vicky Dávila, su equipo de colaboradores en La Fm, y algunos miembros de su familia.
El Defensor del Pueblo impartió instrucciones para que a través de la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas se solicitara a la Unidad Nacional de Protección, realizar los estudios de riesgo necesarios, y en caso tal fortalecer la seguridad de la periodista, pues paralelo al tema de las presuntas interceptaciones, se ha hablado de amenazas en contra de Vicky Dávila y su equipo.
Esta diligencia recuerda el escándalo de espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos, políticos opositores y magistrados ocurrido entre agosto de 2007 y octubre de 2008, durante la segunda Presidencia de Álvaro Uribe (2002-2010).
La Justicia ha determinado que aquellas escuchas ilegales, que en algunos casos incluyeron seguimientos, fueron realizados desde los servicios de inteligencia de la época, el extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
Su entonces jefa, María del Pilar Hurtado, fue condenada el pasado abril a 14 años de prisión por estos hechos, que afectaron entre otros al actual alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y al periodista Daniel Coronell, ahora vicepresidente y director de noticias de la cadena Univisión.
Junto con Hurtado fue sentenciado a ocho años de prisión bajo arresto domiciliario Bernardo Moreno, quien fue secretario general de la Presidencia de la República durante parte del Gobierno de Uribe, a quien la Corte Suprema pidió investigar para determinar si conocía tales acciones delictivas.
