Mientras el Procurador Alejandro Ordóñez, sigue a la espera de que la Sala Plena defina si continúa en el cargo o no, este miércoles la Corte Constitucional, con una votación de 6 a favor y 3 en contra, dio vía libre para que pueda sancionar e inhabilitar de 10 a 20 años por faltas gravísimas a funcionarios. ¿Por qué la reelección del Procurador Ordóñez está en la cuerda floja?
Sin esta facultad que estuvo en riesgo de ser perdida, el Jefe del Ministerio Público no podría haber sancionado e inhabilitado, como lo hizo en su momento, al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro.
El fallo, cuya ponencia estuvo a cargo del magistrado Mauricio González, recoge algunos de los argumentos expuestos por los intervinientes y declara exequible la Ley 734 de 2002, “por la cual se expide el Código Disciplinario” en lo que tiene que ver con la mencionada facultad del Procurador. Lea también: Cuando el Procurador suelta la lengua
Quien quiso tumbar este poder al procurador, argumentó en su demanda que dicha norma viola el artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que dice que solo un juez penal, a través de sentencia condenatoria, puede restringir los derechos políticos como lo es ser elegido y ejercer cargos públicos, sin embargo, la ponencia del magistrado Mauricio González, argumenta que sobre ese particular ya hay aspectos juzgados cuando a Piedad Córdoba fue sancionada por la facultad de Ordóñez en ese sentido.
