Los efectos que causa la detención arbitraria de las actividades en el calendario de la institución y la intención de mantener un diálogo constructivo con el Gobierno, fueron las razones para que la Universidad Nacional se apartara del cese de actividades que han propuesto los estudiantes.
En las constantes exigencias al gobierno que han adelantado los estudiantes de las universidades públicas durante las últimas semanas, se anunció un paro del magisterio el próximo martes 23 de octubre y un cese de actividades en centros universitarios iniciado el pasado 17 de octubre.
"Las medidas de hecho tomadas en algunas sedes y facultades, orientadas a impedir el desarrollo de las actividades misionales y administrativas, son contrarias al espíritu de los diálogos propositivos que se adelantan, afectando la integridad e imagen institucional", afirmó Carmen Alicia Cardozo, secretaria general, por medio de una carta pública.
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La Secretaría de la institución argumentó que el paro afecta el incumplimiento de tareas, actividades académicas, compromisos con estudiantes extranjeros, cumplimiento del calendario y otras afectaciones que producen repercusiones financieras, sociales, políticas y administrativas irreparables. Hasta pone en riesgo la vida de los animales utilizados para investigación o enseñanza en las facultades de ciencias naturales.
Sin embargo, las directivas de la Universidad Nacional mantuvieron su apoyo público a los reclamos de los estudiantes y profesores para exigir mayores recursos para la educación pública. "Exaltamos el rol de la comunidad universitaria liderada por estudiantes, profesores y administrativos, que, con claridad y comportamiento ejemplar, aportan a que la compleja situación de la universidad pública ocupe un espacio en la agenda nacional", afirmó la universidad.
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Entre estas peticiones, las directivas de la Universidad afirmaron que continuarán solicitando al gobierno un diálogo constructivo con los líderes de la educación pública, con el fin de crear una política pública y propiciar las acciones del estado para superar el déficit de recursos para la educación pública.
Entre las peticiones que ha extendido esta institución, se encuentra la solicitud al Ministerio de Hacienda para asignar recursos adicionales que permitan el cierre financiero del presente año, la solicitud a los Ministerios de Hacienda y de Educación que reglamente la distribución y destinación directa a las IES públicas de los recursos del artículo 142 de la Ley 1819 de 2016, la exhortacion al legislativo para modificar los artículo 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 en el sentido de garantizar un crecimiento real de mínimo 4 puntos porcentuales adicionales al IPC.
