El Gobierno venezolano denunció este domingo el impacto de las sanciones de EEUU sobre los programas de asistencia humanitaria en materia de salud realizados por la estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).
"La República Bolivariana de Venezuela, denuncia ante la comunidad internacional el impacto criminal generado por las sanciones impuestas a la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A., PDVSA, que impiden el cumplimiento de sus programas de asistencia humanitaria para casos de salud de especial dificultad para la población venezolana", expresó la Cancillería venezolana en un comunicado.
Se señala que los convenios de salud ejecutados por PDVSA "benefician a cientos de pacientes sometidos a tratamientos en centros de salud en el exterior y más de 500.000 pacientes a nivel nacional".
Las sanciones de EEUU contra PDVSA han colocado "en situación de extrema vulnerabilidad pacientes venezolanos que han viajado a recibir tratamientos en diferentes países", se alerta en la nota.
"En este mismo instante corren peligro las vidas de 25 pacientes, la mayoría de ellos niños y niñas" que "están siendo atendidos en la República Italiana" y "aguardan por recibir trasplantes de médula ósea", dice el comunicado al enfatizar el "grave riesgo" que corren los mencionados pacientes "como consecuencia del bloqueo ilegal de los fondos para el pago de tratamientos, servicios médicos y manutención durante su estadía en el exterior".
Según Caracas, "este tipo de sanciones, promovidas por actores políticos venezolanos y dictadas por el gobierno de Estados Unidos, constituyen una flagrante violación de los Derechos Humanos de los pacientes afectados, y sus efectos son diametralmente opuestos a los que proclaman bajo la falsa bandera de la ayuda humanitaria".
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El Gobierno venezolano espera que la comunidad internacional "actúe de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas para neutralizar la crueldad de las decisiones imperialistas e inhumanas del gobierno de Donald Trump".
El pasado viernes EEUU aplicó nuevas sanciones vinculadas a Venezuela, dirigidas a cuatro compañías y nueve barcos, por su vinculación en el transporte de petróleo hacia Cuba.
Una semana antes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 35 embarcaciones –33 venezolanas, una de Panamá y otra de Liberia– vinculadas al sector petrolero.
EEUU sancionó además a la compañía Ballito Bay Shipping Incorporated, de Liberia, propietaria del buque Despina Andrianna; y al operador ProPer In Management Incorporated, de Grecia.
Estados Unidos afirmó que tomó las medidas de sanciones después de que el barco Despina Andrianna entregó crudo desde Venezuela a Cuba durante febrero y marzo de 2019, pese a sus advertencias.
En lo que va de 2019, EEUU ha impuesto casi una decena de sanciones contra Venezuela con el objetivo de presionar al Gobierno que encabeza el presidente Nicolás Maduro.
Desde 2017, el Gobierno de EEUU ha sancionado a numerosos funcionarios del Gabinete de Maduro, y en 2018 las medidas alcanzaron a la principal fuente de ingresos del país caribeño, PDVSA, al impedir el refinanciamiento de su deuda.
El Gobierno venezolano ha denunciado que paralelamente existe desde 2016 un bloqueo "silencioso", que le impide la compra de medicamentos y alimentos.
Además, a partir del próximo 28 de abril, la Casa Blanca informó que sancionará a quienes compren petróleo a PDVSA, de donde provienen más del 98 por ciento de los ingresos de la nación.
El aviso determina que las compañías no estadounidenses que involucran a corredores o al sistema financiero estadounidenses deben liquidar transacciones para fines de abril con PDVSA.
El Gobierno de Venezuela ha denunciado que el bloqueo financiero internacional contra Venezuela ha supuesto pérdidas de 350.000 millones de dólares en producción de bienes y servicios entre 2013 y 2017.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alertó sobre el efecto negativo para la población venezolana de las sanciones de EEUU.
