Durante el 171 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Sucre, Bolivia, representantes de la sociedad civil de Colombia denunciaron que la Fiscalía General de la Nación entrega hipótesis encaminadas a desorientar la búsqueda de víctimas de desaparición forzada.
Jessica Hoyos Morales, abogada del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, señaló que “persiste la desconfianza por parte de organizaciones de familiares de víctimas” en el papel del Instituto de Medicina Legal, que depende de la Fiscalía, por lo que pidió su autonomía.
Al responder a la comisionada Antonia Urrejola, relatora de Memoria Histórica, Verdad y Justicia, otra de las representantes de familiares afirmó que el ente acusador “orienta hipótesis encaminadas a desorientar la búsqueda de víctimas de desaparición forzada”.
Por otra parte, los representantes cuestionaron que la Unidad para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), creada tras el acuerdo de paz con las FARC, no fuera convocada al periodo de sesiones que se desarrolla en el país andino. “Quisiéramos creer que no es un mensaje del Estado para no darle importancia al papel que merece a la Unidad”.
Los representantes civiles denunciaron que aún no hay un censo único de víctimas de desaparición forzada y resaltaron la necesidad de hacer plena identificación de cuerpos en un gran número de casos.
También denunciaron deficiencias en el cumplimiento de acciones por parte del Estado frente a este crimen y la falta de planes locales de búsqueda de desaparecidos. Así mismo, pidieron la participación activa de familiares de víctimas en los procesos de búsqueda, una inquietud de Urrejola. Entre tanto, advirtieron que los cementerios del país no tienen protocolos para preservar cuerpos sin identificación y pusieron de ejemplo a Tumaco (Nariño), donde hay cuerpos mezclados con basura. Según Byron Góngora, delegado de la Corporación Jurídica Libertad, más de 5.000 restos, “esqueletizados y exhumados permanecen sin ser identificados”, procesos que “revictimizan a quienes han sufrido la desaparición de sus seres queridos”. También recordó las denuncias respecto a que en el terreno de la polémica hidroeléctrica Hidroituango puede haber 16 sitios de inhumación. Góngora le hizo un llamado a la CIDH para que le exija al Estado que responda con lo pactado en el acuerdo de paz y en la implementación de una política publica que garantice la articulación de todas las instituciones y protocolos de entrega digna de cuerpos.#AEstaHora comunidad internacional escucha y analiza los avances y retos de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas @UBPDBusqueda #Colombia pic.twitter.com/T3YRcINleh
— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) 15 de febrero de 2019
