El partido opositor Cambio Radical solicitó este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción de medidas cautelares “urgentes” para proteger a sus congresistas, al denunciar que enfrentan un ambiente hostil marcado por amenazas, estigmatización y agresiones.
Amenazas e intimidaciones contra congresistas
El director nacional de la colectividad, Germán Córdoba, afirmó que varios parlamentarios han recibido intimidaciones por parte de grupos criminales, sin que el Estado haya tomado acciones contundentes para su protección.
“Todas las amenazas han sido denunciadas ante la Fiscalía, informadas a la Unidad Nacional de Protección e incluso a organismos internacionales, pero no se han adoptado medidas efectivas”, señaló Córdoba en un comunicado.
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Riesgo creciente tras atentado en Huila
El dirigente recordó que el riesgo se agravó este mes tras el atentado contra el representante a la Cámara Julio César Triana, cuyo vehículo recibió ocho impactos de bala en el departamento del Huila.
Cambio Radical también denunció que dirigentes regionales, incluidos gobernadores, alcaldes, diputados y concejales, han sido blanco de intimidaciones que afectan su labor política en vísperas de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.
Solicitud a la CIDH y reunión en Washington
Con una bancada de 29 congresistas, el partido pidió a la CIDH ordenar al Estado colombiano reforzar los esquemas de seguridad, proteger a las familias de los parlamentarios y garantizar acompañamiento en sus desplazamientos por el país.
Además, la colectividad anunció que solicitó una reunión en Washington con los comisionados de la CIDH para exponer directamente su diagnóstico y propuestas frente a la situación de seguridad.
Un clima político cada vez más tenso
La tensión política en Colombia se ha intensificado tras el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, del partido Centro Democrático, quien murió el 11 de agosto luego de sufrir un atentado.
Frente a este panorama, el Gobierno anunció el refuerzo de la seguridad con más de 6.000 policías, 96 pelotones del Ejército y la duplicación de los esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para precandidatos presidenciales y congresistas.
