La
Comisión Internacional de Juristas (CIJ), le presentará este miércoles al presidente de Colombia,
Iván Duque, un informe con los resultados de una evaluación que hizo sobre la
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y en donde menciona algunos desafíos y fortalezas que considera tiene el tribunal.
La CIJ enfatizó que ninguno de sus hallazgos implica cambios en las normas de funcionamiento de la JEP, que consideran cuenta con una normativa que reconoce y busca garantizar los derechos de las víctimas.
El principal desafío que la Comisión encontró sobre la JEP es el de la necesidad de que las autoridades públicas del país reconozcan y respeten su independencia judicial.
Para la CIJ, las amenazas a la independencia judicial de la JEP se han visto reflejadas en que en 2019 recibió una asignación presupuestaria menor a la solicitada. “Algo similar sucedió con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). En particular, la UBPD solo recibió el 32% de los recursos”, detalló el informe.
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La organización mencionó que los recortes “reflejan un cambio preocupante de prioridades del nuevo gobierno”. Indicó, además, que el financiamiento de las tres entidades, que integran el Sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) pactado en el acuerdo de La Habana, es esencial para que el Estado cumpla sus obligaciones internacionales en derechos humanos.
"Al respecto, el Gobierno Nacional debe tener en mente que el SIVJRNR fue creado para garantizar los derechos de las víctimas del conflicto", describe el documento que presentarán los comisionados de la CIJ a Duque.
Otro punto que ilustra el desafío que tiene la JEP para que le sea garantizada su independencia, según el informe, es el aumento del ambiente de polarización a su alrededor.
"Aunque se difiera de las decisiones adoptadas por la JEP, es importante que las distintas autoridades ejerzan sus funciones con miras a fortalecerla”, menciona la CIJ. Añade que las autoridades colombianas, al opinar sobre la Jurisdicción, no pueden "desconocer el efecto negativo que crea transmitir informaciones incompletas o no verificadas, en especial, cuando el proceso de consolidación de paz se enmarca en un contexto complejo".
Desafíos encontrados por la CIJ
El informe identificó que los desafíos que tiene la JEP no solo son responsabilidad del gobierno de turno, sino que también se encuentran al interior del tribunal.
“En la JEP recae, en buena medida, el cumplimiento por parte del Estado colombiano de sus obligaciones internacionales de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos”, detalló la organización.
La CIJ recomendó fortalecer los componentes de la JEP donde se acreditan, participan y se reparan a las víctimas quienes deben contar con información completa sobre el objetivo de las audiencias y de los espacios procesales en los que se presenten.
Para los comisionados, las víctimas no solo tienen derecho a ser oídas, sino a presentar argumentos y pruebas que influyan en las decisiones que adopte la JEP, así como a acceder a una “reparación integral”.
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Los comisionados mencionaron que la presentación de informes generan retos, entre los que se encuentra, el manejo de expectativas, en particular, frente a los hechos contenidos en ellos que no serán priorizados por la Sala de Reconocimiento de Verdad del tribunal de paz.
“En estos eventos, la JEP debe diseñar un mecanismo de respuesta a las organizaciones de víctimas que no defraude sus expectativas”, aseveró la organización.
La CIJ describió, como otros desafíos de la JEP, la necesidad de proteger a las víctimas y la creación de espacios de capacitación y difusión de sus decisiones. “Aunque ha habido esfuerzos en esta materia, todavía existe desconocimiento entre las víctimas y la ciudadanía sobre las funciones de la JEP y las decisiones adoptadas”, sostuvo.
En el informe detallan que, aunque el tribunal de paz ejerce sus funciones desde un enfoque restaurativo, debe dar cumplimiento a los estándares internacionales relacionados con la sanción de los responsables de los crímenes graves contra los derechos humanos.
"Al contarse con una normativa que reconoce y busca garantizar los derechos de las víctimas, solo es necesario que la JEP realice una interpretación de su normativa que desarrolle, profundice e implemente de mejor manera, el principio de la centralidad de las víctimas en sus procedimientos", concluyó la CIJ sobre los desafíos de la Jurisdicción.
Fortalezas identificadas por la CIJ
El informe identificó siete fortalezas que tiene la JEP a un año y medio de su entrada en funcionamiento. Resalta como primer punto la rapidez con la que empezó a operar luego de la firma del acuerdo de paz.
"La JEP ha empezado a realizar acciones para evitar que las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco del conflicto armado queden impunes, así como para que las violaciones y los daños causados a las víctimas sean reparados", destacó la CIJ.
La organización aplaudió la coordinación del tribunal de paz con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas. Los comisionados resaltaron también el respeto de las altas cortes colombianas hacia la JEP.
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Como cuarta fortaleza, la CIJ mencionó el amplio respaldo que ha tenido la JEP por parte de la comunidad internacional. El quinto punto que se resalta son las acciones al interior del tribunal para implementar enfoques diferenciales en sus procedimientos. “Se destaca la creación de tres comisiones permanentes al interior de la JEP (la Comisión Territorial y Ambiental, la Comisión Étnica y la Comisión de Género)”, detalló.
La sexta fortaleza es la implementación de criterios de priorización en las investigaciones, lo que permite que la gestión de casos sea más ordenada y transparente. La última fortaleza identificada fue la ejecución de eventos de coordinación con la Jurisdicción Especial Indígena.
Los comisionados que le entregarán a Duque el informe el miércoles, son el presidente de la CIJ, Robert Goldman, su vicepresidente, Carlos Ayala, y el exjuez de la Corte Francesa de Casación, Philippe Texier.
