La canciller de Colombia, Claudia Blum, presentó algunos reparos al informe que presentó este miércoles 4 de marzo el relator Especial de Naciones Unidas Michel Forst desde Ginebra, Suiza, sobre la situación del país.
Forst, relator de la ONU, señaló que “desde 2016 hasta junio de 2019, Colombia fue el país con el mayor número de asesinatos de defensores en América Latina".
“Los perpetradores son la policía y el ejército, pero también los cárteles de la droga y el crimen organizado, así como los ex combatientes de las Farc. También señalo a la atención de la comunidad internacional los crecientes ataques de las empresas internacionales que operan en Colombia", expresó el francés ante la ONU.
Por esa razón, la cancillería hizo algunas objeciones frente a consideraciones del informe que, según ellos, no reflejan “objetividad e integridad” en el informe de Forst.
En primer lugar, señaló la criminalización estatal de los defensores de Derechos Humanos en Colombia, “acusación inadmisible que desconoce nuestras garantías y ordenamientos constitucionales y legales en procesos administrativos y judiciales”, manifestó la ministra Blum.
Asimismo, en el informe el relator de la ONU señaló “el peligroso papel de las empresas en el ámbito de las industrias extractivas que operan en el país”.
A lo que la cancillería respondió que estas versiones sobre las empresas estatales y son “afirmaciones graves que se lanzan sin sustento en investigaciones verificadas”.
Los Acuerdos de Paz
"Llamo al Gobierno de Colombia a que dé prioridad a la aplicación del Acuerdo de Paz y, en particular, a los mecanismos de protección de loss defensores de los Derechos Humanos y a la adopción de una Política Pública. Integral de respeto y garantías para la labor de los defensores de los Derechos Humanos”, puntualizó Michel Forst en el informe.
Frente a este tema, el Gobierno manifestó que “la supuesta falta de determinación política y de asignación de fondos para implementar el Acuerdo de 2016, desconocen de plano logros reconocidos por otros órganos de la ONU en la política de Paz con Legalidad y en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial”.
Asimismo, la canciller aseguró que las restricciones estatales a la libertad de expresión, la reunión pacífica y a las consultas previas, que se mencionan en el informe, se hacen “ignorando garantías constitucionales colombianas destacadas internacionalmente”.
“Las consideraciones sobre nuestro modelo de desarrollo que reflejan opiniones políticas subjetivas ajenas al mandato del relator”, concluyó la ministra Blum.
Trabajo conjunto entre el Gobierno de Colombia y la ONU
Sin embargo, reconoció el papel de la ONU en la promoción de los derechos humanos, bajo el Código de Conducta adoptado por el Consejo de Derechos Humanos, que les exige al menos dos reglas:
“Primero, establecer hechos sobre la base de información objetiva y fidedigna, de fuentes contrastadas debidamente; y segundo, como tener en cuenta de forma íntegra y oportuna la información proporcionada por el Estado”, expresó.
A lo que concluyó: “Colombia seguirá trabajando, con la valiosa cooperación de las Naciones Unidas, en las políticas de prevención de riesgos y amenazas que afectan a los defensores; así como en medidas de protección cada vez más eficaces y en el fortalecimiento de las autoridades judiciales para seguir reduciendo la impunidad”.
