Después de más de una década de intentos fallidos, el Congreso ha dado un paso decisivo para saldar una deuda histórica con los niños, niñas y adolescentes del país. Este 18 de junio de 2025, la Cámara de Representantes y el Senado aprobaron en conciliación el texto definitivo del proyecto de ley que da vida a la Comisión Legal de Infancia y Adolescencia, el cual fue enviado a sanción presidencial y está a un solo paso de convertirse en Ley de la República.
El proyecto —que se había hundido en múltiples ocasiones desde su radicación inicial en 2015— fue aprobado como Proyecto de Ley 374 de 2023 el pasado 20 de mayo. Su creación representa la consolidación de una comisión bicameral y permanente, con el objetivo de ejercer control político y promover acciones legislativas en defensa de la niñez colombiana.
Detrás de esta iniciativa está la representante Érika Tatiana Sánchez, actual presidenta de la Comisión Accidental de Infancia, y al trabajo articulado con más de 52 organizaciones de la sociedad civil. “Es un hecho histórico, ya estamos a un solo paso para que el presidente Gustavo Petro sancione el proyecto de ley que aprobó este Congreso de la República que busca crear la comisión legal para la niñez. Nuestros niños van a seguir siendo la prioridad de las agendas legislativas de este Congreso y de los Congresos venideros”, afirmó la congresista Sánchez.
Durante más de 12 años, el Congreso postergó esta discusión. Proyectos similares naufragaron en 2015, 2016, 2018, 2021 y 2022, ya fuera por falta de voluntad política o por la ausencia de debate en las comisiones correspondientes. La persistencia de los actores involucrados, junto con el respaldo de organismos internacionales, permitió finalmente destrabar el proceso.
Entre esos respaldos, se destaca el del Comité de Derechos del Niño de la ONU, que en sus observaciones finales a Colombia en 2015 y 2023 recomendó fortalecer la arquitectura institucional del país para garantizar de manera efectiva los derechos de la infancia. La nueva Comisión Legal responderá a esa exigencia con una estructura diseñada para tener un impacto directo en la formulación y vigilancia de políticas públicas.
La Comisión Legal de Infancia y Adolescencia tendrá varias funciones clave:
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Ejercer control político sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Bienestar Familiar.
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Impulsar leyes y reformas que garanticen entornos seguros y protectores para la niñez.
- Establecer un canal de diálogo permanente con organizaciones sociales, académicas y defensoras de derechos de la niñez.
- Convocar a debates con entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo, y los ministerios de Educación y Salud, entre otros.
Además, su carácter bicameral y permanente permitirá que Senado y Cámara trabajen de forma articulada, estable y constante, en alianza con instituciones del Estado y la sociedad civil. Esto representa un cambio significativo frente a las iniciativas pasadas, que carecían de continuidad y seguimiento en el tiempo.
La urgencia de esta medida se enmarca en un contexto crítico para la niñez colombiana. Casos recientes de abuso sexual, negligencia institucional y violaciones sistemáticas de derechos subrayan la necesidad de pasar del discurso a la acción. En este sentido, la Comisión se proyecta como una herramienta “urgente y poderosa” para convertir el compromiso político en acciones reales de protección y garantía de derechos.
Ahora, con el texto aprobado por el Congreso, solo resta la firma del presidente Gustavo Petro para que esta iniciativa se convierta en ley. Si se concreta, marcará un hito institucional en la protección de la infancia y adolescencia en Colombia, con implicaciones directas en la agenda legislativa y en la capacidad del Estado para responder eficazmente a los desafíos que enfrenta esta población.
